Básicamente, se puede definir la inclusión financiera como el acceso generalizado a servicios financieros como pueden ser las cuentas bancarias y su utilización efectiva, la cual guarda una correlación directa con el crecimiento y desarrollo económico que contribuye a la reducción de la pobreza.
En los últimos años en el país, se ha trabajado fuertemente y de manera constante en la forma masificada de los servicios financieros. De hecho, desde el 2006 se adoptó la política de inclusión financiera a través del programa de Inversión “Banca de las Oportunidades” con el Decreto 3078 de 2006. El objetivo de este programa está basado en crear las condiciones necesarias para promover el acceso al crédito y los demás servicios financieros de la población de menores ingresos, MiPymes y emprendedores.
Dicha política de inclusión ha introducido reformas regulatorias para facilitar la prestación de los servicios, entregando incentivos a las entidades financieras para la promoción de productos especializados y la adopción de metodologías que permitan ajustarse a las necesidades de la población con menores ingresos. De igual manera en el sector industrial, diferentes entidades han participado invirtiendo considerables recursos tanto humanos, como financieros y operativos, para llevar los servicios financieros a la población tradicionalmente excluida de este sistema.
Esta estrategia del Gobierno Nacional, apoyada en la política de Banca de las Oportunidades ha permitido la ejecución de diversas iniciativas de inclusión financiera como la creación de productos simplificados con menores costos y requisitos de acceso, ampliación de la cobertura geográfica regional, otorgamiento del crédito mediante la diferenciación del límite máximo de la tasa de interés del microcrédito y la creación de las Sociedades Especializadas en Depósitos y Pagos Electrónicos (SEDPES), las cuales facilitan el ofrecimiento de servicios financieros transaccionales a más personas y a más bajo costo. Estas acciones junto con la estrategia de incentivos públicos dirigidos a la industria y al esfuerzo del sector privado han permitido avanzar de forma considerable en la inclusión financiera en el país.
De hecho, de acuerdo con un reciente reporte de la Banca de las Oportunidades y la Superintendencia Financiera, el indicador de acceso llegó a 87,8% en 2020, indicando que más de 32 millones de adultos en el país tienen al menos un producto financiero, creciendo 15 puntos porcentuales desde el 62% en 2010. Adicionalmente y tomando como referencia el último año, 2,6 millones de colombianos fueron incluidos en el sistema, permitiendo superar la meta del Plan Nacional de Desarrollo, con un crecimiento en los productos digitales como depósitos electrónicos y cuentas de ahorros de trámite simplificado.
Sin lugar a dudas, los avances en este tema han sido notables. Sin embargo, persisten retos importantes que requieren estrategias diferenciadas que permitan superar ciertas barreras que limitan el acceso a los servicios financieros en ciertos segmentos de la población, dadas las heterogeneidades etarias, geográficas y de género, como la inclusión financiera de jóvenes y adultos tanto en ciudades como en municipios intermedios, rurales y municipios rurales dispersos.
Por otra parte y a nivel de banca empresarial, los desafíos en materia de acceso y uso de los productos financieros, también se hacen presente, como por ejemplo, las cuentas de ahorros, dado que el 50% de las empresas que posee este producto lo emplea de forma activa.
Considerando lo anterior, el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 (Ley 1955 de 2019) propuso en sus bases que la meta consolidada para el sector rural (incluyendo los segmentos rurales y rurales dispersos) llegará a niveles del 68% al cierre de 2022.
Para este objetivo y con un esfuerzo articulado público-privado, resulta importante definir estrategias que permitan lograr una mayor conectividad en estos segmentos rurales, debido a su rezago tecnológico y acceso a internet, comparado con zonas de mayor desarrollo urbano del país. Estas restricciones toman mayor relevancia si se tiene en cuenta que imposibilita el ofrecer servicios y productos financieros a través de canales digitales, los cuales permitiría una mayor penetración en estas zonas.
Como complemento a lo anterior, garantizar y fortalecer el esquema actual de corresponsales bancarios, resulta fundamental para contar con una oferta de mayor calidad en materia de productos y servicios financieros formales para vincular más personas al sistema financiero, continuando con las estrategias que se han venido ejecutando para la transformación digital del sistema y la reducción de las brechas rurales y de género.