COLOMBIA, Julio 5 de 2026. Fedesarrollo presentó una hoja de ruta anticorrupción dirigida al nuevo gobierno que liderará Abelardo De La Espriella durante el período 2026-2030, en la que se plantea la necesidad de cambiar los incentivos que sostienen las prácticas corruptas en el país más allá de la promulgación de nuevas leyes.
El documento, elaborado por Camilo A. Enciso V., fundador del Instituto Anticorrupción e investigador afiliado a Fedesarrollo, señala que Colombia cuenta con un marco normativo robusto en materia anticorrupción, pero que los resultados no han sido satisfactorios debido a factores como la captura institucional en sectores clave, la fragmentación de las instituciones, la politización del control y la lentitud en la justicia.
Fedesarrollo identifica los sectores más vulnerables a la corrupción, entre ellos la contratación pública, la justicia, la financiación de campañas políticas y los órganos de control. La contratación pública es señalada como el principal canal de riesgo, debido a prácticas como la contratación directa, pliegos direccionados y débil supervisión, que facilitan la captura por redes políticas, económicas y criminales.
En cuanto a la financiación política, el reporte alerta sobre la presentación de aportes ocultos o triangulados que afectan la competencia democrática y generan incentivos para que las decisiones públicas se vean comprometidas tras las elecciones. Por ello, se propone fortalecer la integridad electoral con medidas que incluyen la supervisión del financiamiento, transparencia durante precampañas y regulación de los gastos digitales, además de evaluar mecanismos como listas semicerradas o semibloqueadas para minimizar el clientelismo.
La hoja de ruta para los primeros 100 días del gobierno sugiere adoptar una Política Nacional de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción que establezca metas medibles y una línea base para evaluar avances. Se recomienda fortalecer la Secretaría de Transparencia, otorgándole un rol permanente en el Consejo de Ministros, así como blindar los nombramientos en entidades estratégicas como la UIAF, la Dirección Nacional de Inteligencia, la Dian, y las superintendencias, para evitar la captura política de cargos clave.
En el primer año se plantea la implementación de un registro consolidado de beneficiarios finales, la interoperabilidad de bases de datos, auditorías basadas en riesgos y sistemas de denuncia más efectivos. También se insiste en fortalecer el régimen de conflictos de interés y aplicar estrategias sectoriales en contratación pública, salud, infraestructura, empresas estatales y gobiernos territoriales.
En un horizonte a mediano plazo, Fedesarrollo recomienda reformas estructurales en el servicio civil meritocrático, órganos de control, integridad territorial, participación ciudadana y promoción de una cultura de legalidad. Asimismo, propone la creación de una Unidad Nacional de Innovación para la Integridad Pública, que emplee inteligencia artificial y analítica avanzada para detectar señales tempranas de corrupción y prevenir daños fiscales.
Aunque el gobierno entrante ha utilizado la denominación «empalme anticorrupción» para sus primeras acciones, no se han observado aún medidas claras y diferenciadoras en esta materia para marcar su gestión más allá de las propuestas realizadas en campaña. Este punto fue destacado por el excandidato al Senado y activista anticorrupción Fernando Basto, quien expresó preocupación por la falta de acciones concretas que evidencien un cambio real en la lucha contra la corrupción desde el inicio de la administración.
Fedesarrollo sostiene que el éxito en la lucha anticorrupción debe medirse por resultados concretos y verificables, más allá del número de leyes aprobadas. La coordinación institucional, la independencia, el uso de tecnología, la meritocracia y la aplicación efectiva de sanciones son clave para superar la persistente captura institucional que afecta a Colombia.
Redacción BusinessCol
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