COLOMBIA, Agosto 9 de 2026. La Agencia de Desarrollo Rural (ADR) habilitó de manera excepcional el sábado 8 de agosto como día hábil administrativo con el fin de avanzar en procesos contractuales y actuaciones misionales cuya continuidad depende de fechas límite inminentes. Esta decisión, efectuada mediante la Resolución 407 del 6 de agosto y firmada por el presidente de la entidad, César Augusto Pachón Achury, busca evitar afectaciones en los cronogramas institucionales y asegurar la celeridad en los procesos que requieren atención antes del siguiente día hábil normal.
Según la ADR, la jornada sábado permitiría adelantar trámites administrativos y misionales, especialmente en proyectos como los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial, asegurando la continuidad de intervenciones en los territorios. La resolución aclaró, sin embargo, que ciertas actividades como atención al ciudadano, control interno disciplinario y gestión de peticiones, quejas y denuncias continuarían bajo los horarios y plazos habituales, excluyendo así esas labores de la jornada adicional. De igual forma, el acto administrativo precisó que esta habilitación no afecta ni modifica los términos legales o contractuales ya vigentes.
Para facilitar las labores en esta jornada inusual, la ADR autorizó a sus funcionarios a trabajar desde sus casas utilizando tecnologías de información y comunicaciones, con el fin de cumplir con los objetivos de eficiencia, economía, coordinación y continuidad administrativa planteados.
No obstante, esta medida generó inquietudes y cuestionamientos por parte del nuevo ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, quien visitó las instalaciones de la ADR durante el sábado para evaluar las actividades en curso. En declaraciones a medios, Dangond expresó sorpresa e inconformidad por la decisión de habilitar ese día como hábil. Indicó que mientras él y su equipo tomaban posesión en Cali, la agencia presidida por Pachón adelantaba trámites contractuales que, según su criterio, representan un manejo cuestionable de recursos públicos.
El ministro Dangond señaló contratos que le parecen especialmente llamativos, entre ellos uno por 70.000 millones de pesos destinado a una planta de sacrificio porcino, otro por 190.000 millones, y uno más de 30.000 millones asignado a proyectos en Casanare, relacionados con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Esta denuncia refleja un llamado a revisar detenidamente la gestión contractual y presupuestal de la ADR bajo la actual administración, en un momento en que el sector agropecuario se encuentra en plena transformación y desarrollo.
La decisión de la ADR intenta responder a la necesidad de cumplir con plazos legales y contractuales que, de no atenderse dentro del tiempo previsto, podrían generar atrasos o perjuicios en la ejecución de programas de desarrollo rural. Sin embargo, el debate generado sobre la idoneidad, transparencia y eficacia en la administración de dichos recursos invita a una revisión profunda para asegurar la confianza y beneficio de los pequeños y medianos productores rurales.
La polémica entre la ADR y el Ministerio de Agricultura refleja un contexto complejo para las entidades públicas encargadas de apoyar el sector agropecuario, donde la eficiencia en la gestión administrativa debe ir acompañada de ejercicio responsable y transparente de los recursos públicos.
Redacción BusinessCol
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