COLOMBIA, September 24 de 2026. Empresas colombianas pueden ser sancionadas por autoridades de Estados Unidos aun sin haber tenido operaciones directas en ese país, alertó Javier Coronado, socio de la firma Diaz Reus y Alianza Internacional de Abogados en EE. UU. y Colombia. Este experto, quien participará en el evento LAFT América organizado por Asojuegos, explicó que esta exposición se da cuando una organización contribuye directa o indirectamente a operaciones que violan programas de sanciones internacionales o apoyan su evasión.
Contrario a la creencia común, el sistema de sanciones de Estados Unidos no se limita a la conocida «Lista Clinton» o a bancos, sino que abarca múltiples sectores, economías y estructuras empresariales complejas, afirmó Coronado. Por ello, el cumplimiento no puede limitarse a consultar bases de datos, sino que requiere un análisis detallado del tipo de operación, las contrapartes involucradas y el contexto general de cada transacción, subrayó el abogado.
Una de las principales fallas en las empresas, según Coronado, es considerar las sanciones como un componente secundario dentro de los programas de prevención de lavado de activos. En realidad, es una disciplina independiente que debe contar con políticas, procedimientos y controles propios, e idealmente un área de cumplimiento dedicada exclusivamente a gestionar riesgos relacionados con las sanciones aplicadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos.
El impacto trasciende a bancos y compañías multinacionales. Cualquier empresa puede quedar involucrada si recibe recursos o realiza operaciones con personas o entidades en listas de sanciones, enfatizó. Esta advertencia cobra especial relevancia en el contexto de la reapertura parcial y renovado interés en mercados como Venezuela, donde las restricciones internacionales aún permanecen vigentes. Corresponde a cada compañía asegurarse de que sus operaciones cuenten con las autorizaciones necesarias, respetando las condiciones regulatorias específicas.
El experto resaltó además que los equipos de cumplimiento deben evolucionar hacia una evaluación amplia que incluya el riesgo político, económico y operativo de cada transacción, más allá de una simple verificación nominal. La formación de analistas con capacidad para interpretar las particularidades de operaciones prohibidas será un foco importante en el encuentro LAFT América, que reunirá a expertos internacionales, reguladores, abogados y directivos empresariales.
Las consecuencias para las organizaciones no siempre se materializan en sanciones públicas visibles. Existen otros mecanismos como investigaciones confidenciales, solicitudes de información, restricciones migratorias y cancelación de visas que las autoridades estadounidenses pueden emplear para hacer cumplir sus programas de sanciones, advirtió Coronado. Por tanto, las empresas pueden enfrentar señales de alerta regulatorias antes de la imposición de sanciones formales.
Asimismo, Coronado mencionó que el sistema sancionatorio no sólo establece prohibiciones, sino que también ofrece canales para consultas, solicitudes de licencias y búsqueda de autorizaciones ante las autoridades estadounidenses, permitiendo a las compañías operar dentro del marco legal estipulado. Esta perspectiva será parte integral del diálogo en LAFT América, evento que lleva más de una década promoviendo la prevención del lavado de activos, la gestión de riesgos y el cumplimiento en la región.
Finalmente, la principal advertencia para las empresas colombianas es clara: la ausencia de presencia física o directa en Estados Unidos no elimina la exposición a sanciones si se participa en operaciones sujetas a programas restrictivos. El riesgo real depende de las características de las transacciones, las contrapartes involucradas y el grado de cumplimiento frente a las regulaciones aplicables.
Redacción BusinessCol
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