COLOMBIA, September 29 de 2026. Ante un contexto económico marcado por un déficit fiscal que se habría elevado a 6,4% del PIB en 2025 y con previsiones de alcanzar un 7,2% para finales de 2026, el Gobierno Nacional ha decidido retomar las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) con el fin de aliviar las presiones sobre las finanzas públicas.
La orden fue impartida por el presidente Abelardo de la Espriella, quien instruyó al Ministerio de Hacienda para restablecer el diálogo con el FMI. Aunque previamente el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, había descartado en la Convención Bancaria la posibilidad de acudir a la banca multilateral, el país se enfrenta ahora a una realidad fiscal compleja que lo llevaría, por cuarta vez en lo que va del siglo, a solicitar un programa condicionado con el FMI.
La línea de apoyo financiera que se contempla
Según el análisis de expertos como César Pabón, director de investigaciones económicas de Corficolombiana, la alternativa que más se ajusta al escenario actual es la Línea de Precaución y Liquidez. Este mecanismo está dirigido a economías que requieren liquidez pero presentan vulnerabilidades que imposibilitan el acceso a la Línea de Crédito Flexible.
Los préstamos contemplados en esta línea tienen plazos que oscilan entre seis meses y dos años y tasas de interés comparables a las del acuerdo de facilidades extendidas. Sin embargo, para acceder a esta línea se exigen condiciones estrictas relacionadas con tener finanzas públicas sólidas, sostenibilidad de la deuda e inflación baja y estable, requisitos que en el caso colombiano aún no se cumplen plenamente, dado que la inflación superó en más de tres puntos la meta del Banco de la República y la necesidad de alcanzar un superávit primario de 2% del PIB para 2028 es todavía un desafío.
Histórico de acuerdos y opciones con el FMI
El experto Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen Economic Intelligence, señaló que el programa más plausible al que Colombia acudiría es un acuerdo de facilidad extendida (SAF, por sus siglas en inglés). Esta modalidad ha sido utilizada por primera vez en Colombia en 1999 con un crédito por US$2.700 millones, y es un instrumento creado para atender problemas de balanza de pagos a causa de deficiencias estructurales de largo plazo.
Además, el país accedió anteriormente a acuerdos Stand-By en 2003 y 2005, caracterizados por ser créditos de corto plazo, hasta 36 meses, diseñados para problemas temporales en la balanza de pagos. Los créditos de facilidad extendida tienden a tener periodos de aprobación de tres a cuatro años, con plazos de reembolso comprendidos entre cuatro y diez años. Las tasas incluyen una base mínima de derechos especiales de giro, un margen adicional y una sobretasa variable para desincentivar el uso prolongado de los recursos del FMI.
Importancia y expectativas del acuerdo
Más allá del financiamiento, el valor esencial de un acuerdo con el FMI radica en el respaldo externo que otorga al plan de ajuste fiscal. Mejía indicó que la expectativa es que se configure un programa multianual con metas fiscales y estructurales verificables que aporte credibilidad al plan fiscal colombiano.
Marcela Meléndez, directora ejecutiva de Fedesarrollo, complementó señalando que se espera que el Gobierno presente un plan antes de finalizar el año. Este proceso tomará tiempo, dado que cualquier acuerdo debe ser aprobado en junta, pero la participación del FMI permitirá un acompañamiento constante para evaluar y ajustar las medidas acordadas.
Contexto histórico de la relación financiera con el FMI
Colombia es miembro del FMI desde 1945 y ha suscrito 28 acuerdos de crédito con la entidad. Entre los años 1957 y 1968 se firmaron diez acuerdos consecutivos en un periodo de ajustes cambiarios y crisis en los precios del café. Más recientemente, entre 1999 y 2005 se accedió a distintos programas, incluyendo un Servicio Ampliado y acuerdos Stand-By.
Desde 2009, el país también utilizó la Línea de Crédito Flexible (LCF) como mecanismo de contingencia frente a la volatilidad global y choques en los precios del petróleo, renovándola periódicamente hasta que decidió cancelar anticipadamente este acuerdo a finales de 2025.
El único desembolso efectivo bajo la LCF se dio en mayo de 2020 para atender la emergencia sanitaria causada por la pandemia de COVID-19, cuando se retiraron US$5.400 millones del cupo aprobado de US$10.800 millones.
Con este nuevo escenario fiscal y económico, el Gobierno colombiano se prepara para un posible nuevo acuerdo con el FMI que le permita afrontar los altos déficits previstos y dar señales de estabilidad fiscal y compromiso con la sostenibilidad financiera de mediano plazo.
Redacción BusinessCol
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