COLOMBIA, Octubre 15 de 2026. La ministra de Educación Nacional, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, presentó ante la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes un detallado diagnóstico sobre las principales dificultades que enfrenta actualmente el sector educativo colombiano, producto de desatenciones y problemas heredados del gobierno anterior. Durante el debate de control político sobre el empalme, la ministra expuso las diez fracturas identificadas en la educación que ponen en riesgo el acceso, la permanencia y la calidad del servicio educativo en el país.
Entre los principales retos mencionados se encuentra la crisis en la dignificación del maestro y directivo docente. El Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), que cubre la salud de más de 837.000 docentes, pensionados y sus familias, presenta un déficit acumulado en recursos por 4,5 billones de pesos, con necesidades en salud proyectadas en 8,44 billones, frente a los 3,94 billones disponibles. Este desequilibrio ha dado lugar a más de 97.000 tutelas y trámites constitucionales al cierre de julio de 2026, reflejando un problema serio en la atención a los educadores.
Otro aspecto crítico es el incumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo en educación. De 23 indicadores sectoriales, 17 quedaron por debajo de los objetivos planteados, con la alfabetización alcanzando apenas el 24% de la meta y la cobertura en educación media situándose en un 49,95%, muy por debajo del 65% previsto.
Además, la matrícula escolar reporta una caída significativa: a mayo de 2026 hay 421.142 estudiantes menos inscritos en comparación con el año anterior, equivalente a una disminución del 4,5%. Esta reducción masiva aún no cuenta con un diagnóstico claro sobre sus causas, lo que genera preocupaciones sobre el futuro del sector.
En materia de infraestructura y recursos, la situación es igualmente alarmante. Aunque el Plan Nacional de Desarrollo prometió la entrega de 19.500 ambientes educativos, para julio de 2026 solo se habían entregado 11.341. Adicionalmente, existen vigencias futuras por un monto de 13,1 billones de pesos sin respaldo fiscal asegurado ni contratación iniciada, lo cual pone en riesgo la culminación de proyectos prioritarios.
La educación superior enfrenta una crisis financiera para sostener la política de gratuidad. Para cerrar el 2026 se necesitan 245.797 millones de pesos adicionales, de los cuales el actual gobierno ya aseguró 185.000 millones. Para el año siguiente, el ICETEX requiere recursos cercanos a dos billones de pesos, pero solo cuenta con asignados 467.621 millones. Además, existen retrasos en la infraestructura universitaria con proyectos en riesgo por 890.000 millones de pesos y 114 iniciativas con demoras en sus procesos de contratación.
El diagnóstico también mostró alto riesgo educativo en 20 entidades territoriales que presentan dificultades significativas en el acceso, la permanencia, el desempeño de los estudiantes y la atención a sus contextos sociales.
En cuanto a los resultados académicos, los últimos datos consolidados de las pruebas Saber 11 datan de 2023, dejando un vacío en la evaluación reciente de aprendizajes. En zonas rurales, cerca del 49,51% de los colegios oficiales se encuentran en la categoría D, que representa el nivel de menor desempeño. Esto evidencia una brecha considerable en la calidad educativa entre zonas urbanas y rurales.
La cobertura neta escolar ha experimentado un retroceso, bajando del 86,8% en 2022 al 83,6% en 2025, lo que representa una disminución de 3,2 puntos porcentuales. La brecha en la matrícula entre las áreas urbanas y rurales también es relevante, con una cobertura bruta del 98,5% en ciudades frente al 77,7% en zonas rurales, una diferencia cercana al 21%.
Finalmente, se reveló que en 2025 había 1.587.248 niños y jóvenes entre 5 y 16 años fuera del sistema educativo, cifra que representa aproximadamente uno de cada seis niños en esa edad.
Ante este panorama, la ministra Ilva Myriam Hoyos propuso un proyecto de transparencia educativa para fortalecer el control en la contratación y manejo de recursos, con especial atención a la ejecución del presupuesto y vigilancia ciudadana. También anunció la creación de mesas técnicas con el Congreso para dar seguimiento a los compromisos de infraestructura educativa y fomentar una mayor participación comunitaria.
En un llamado al compromiso colectivo, la titular del Ministerio presentó el proyecto LEA (Leer, Escribir y Amar), una apuesta por una formación integral que promueva el desarrollo humano y el rol transformador de la educación en Colombia. La propuesta apunta a superar las fracturas señaladas mediante un trabajo conjunto entre docentes, estudiantes, familias y comunidades para garantizar que el derecho a la educación se traduzca en equidad, aprendizaje efectivo y oportunidades reales para todos.
El reconocimiento de estos retos busca no anclar la mirada en el pasado, sino construir soluciones urgentes y efectivas para recuperar la capacidad del sistema educativo y cumplir su función social en el país.
Redacción BusinessCol
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