COLOMBIA, Noviembre 12 de 2026. Un bombardeo realizado en octubre en el municipio de Cumaribo, en el departamento del Vichada, que dejó un saldo de dos personas fallecidas y la incautación de armamento, no ha sido incluido en la lista oficial de incidentes reportados por el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella en su lucha contra los grupos armados ilegales.
El ataque aéreo, llevado a cabo el 5 de octubre en la finca El Retiro, en la vereda Caño Cadá, tuvo como objetivo a las disidencias de Iván Mordisco, según se informó. Sin embargo, esta acción no figura en los comunicados oficiales del Ministerio de Defensa ni de las Fuerzas Militares, las cuales hasta ahora han reportado ocho bombardeos como parte central de la estrategia para combatir a los grupos ilegales.
El conteo divulgado por el gobierno, que ha sido liderado y difundido por el propio presidente De la Espriella -quien incluso ha sido visto firmando una de las bombas lanzadas en anteriores operaciones-, no incluye este bombardeo en el Vichada, lo que de sumarse a la cifra oficial, elevaría a nueve los ataques aéreos durante poco más de tres meses de gestión del mandatario.
Organizaciones sociales y comunidades de la región han expresado su preocupación y rechazo por la falta de información sobre este episodio. La Asociación de Colonos del Alto Vichada (Asocoavi), junto con líderes comunales y la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, solicitaron a las Fuerzas Militares detalles sobre la operación, debido a los riesgos que este tipo de acciones representa para la población civil, especialmente para las familias que han apostado por la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.
Habitantes relataron daños en una vivienda y afectaciones a cultivos cercanos. Además, indicaron que un campesino residente a casi 2 kilómetros del lugar afectado informó que su esposa, embarazada, sufrió daños psicológicos causados por el ruido de las explosiones.
Esta situación agrava la polémica en torno a la política de bombardeos del gobierno de De la Espriella, que ha generado divisiones en la opinión pública y críticas desde la oposición. Uno de los puntos que ha suscitado polémica es el protagonismo que el presidente otorga a estas acciones, en ocasiones apareciendo en imágenes junto a los cadáveres de las víctimas, hecho considerado por varios sectores como una práctica poco humanitaria.
El bombardeo de Vichada se suma a una serie de operaciones aéreas ordenadas para atacar a grupos ilegales, en particular al Clan del Golfo y otras disidencias. El último bombardeo reconocido oficialmente fue en Antioquia, con resultado de varios fallecidos, entre ellos un cabecilla conocido como alias ‘el negro Perea’.
Mientras el gobierno destaca el uso de bombardeos como un mecanismo disuasivo y ofensivo contra estas estructuras criminales, sectores sociales y organizaciones defensores de derechos humanos advierten sobre los riesgos que pueden tener para la población civil y las áreas en proceso de sustitución de cultivos ilícitos, generando un llamado urgente a la transparencia y a la responsabilidad en la comunicación oficial sobre estas operaciones.
La omisión del bombardeo en Vichada en los reportes oficiales abre un debate adicional sobre la gestión comunicacional en materia de seguridad y la protección a comunidades rurales vulnerables, en un contexto en el cual el país sigue enfrentando desafíos significativos en la consolidación de la paz y la seguridad rural.
Redacción BusinessCol
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