COLOMBIA, Julio 28 de 2026. A pocos días de la transición presidencial en Colombia, diversos organismos de control y el equipo de empalme liderado por Abelardo De La Espriella han alertado sobre irregularidades financieras, un notable crecimiento en la contratación estatal y serios déficits en sectores clave durante el último periodo del gobierno de Gustavo Petro.
Una de las advertencias más significativas proviene de la Contraloría General de la República, que identificó un marcado aumento en la firma de contratos estatales entre el 22 de junio y el 21 de julio de 2026. En ese periodo se suscribieron 14.414 contratos con un valor aproximado de 4,55 billones de pesos, lo que implica un incremento del 22,5 % frente al mismo lapso de la transición anterior. Destaca especialmente la contratación directa, con más de 11.000 procesos en tan solo cuatro semanas, situación que preocupa por los riesgos presupuestales y la potencial afectación a la sostenibilidad del Presupuesto General de la Nación.
Algunas entidades, como la Agencia Nacional de Tierras y el Ministerio del Interior, fueron señaladas por posibles compromisos financieros que podrían complicar la gestión del próximo gobierno en medio de un escenario de menores ingresos tributarios. Esta «intensa dinámica contractual» lleva a un llamado a la vigilancia e investigación para evitar comprometer recursos públicos de forma inadecuada.
En materia de finanzas públicas, la situación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) también genera inquietudes. La auditoría correspondiente a 2025 detectó hallazgos fiscales por 176.795 millones de pesos, principalmente debido a pagos indebidos por servicios médico-asistenciales y un subregistro del pasivo cercano a 598.363 millones por clasificacione contables inapropiadas. Estos resultados motivaron que la Contraloría no aprobará la cuenta del fondo, evidenciando una gestión deficiente y faltas en el control interno.
Por otro lado, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) enfrenta un panorama financiero crítico con un déficit proyectado de 7,6 billones de pesos para el 2027, derivado de un desfase entre las necesidades de operación que ascienden a 21,5 billones y el presupuesto asignado de 13,8 billones. Además, para finalizar 2026, se requieren recursos adicionales por 1,15 billones para cubrir gastos operativos y nómina. En el ámbito administrativo, durante el gobierno se presentaron 18 informes a la Fiscalía que involucran casos de corrupción con más de 1.100 personas entre jurídicas y naturales. También se detectó que el sistema tecnológico BETTO, anunciado como una plataforma de inteligencia artificial, en realidad funciona con algoritmos convencionales.
En cuestiones de infraestructura, el Instituto Nacional de Vías (Invías) mantiene una reserva presupuestal sin ejecutar de 691.267 millones correspondientes a 2025 y reporta un retraso significativo en sus metas. Su programa bandera, ‘Caminos Comunitarios de la Paz Total’, tiene un 89,8 % de solicitudes sin atender, afectando a más de 23.000 comunidades rurales. El avance total en el Plan Nacional de Desarrollo solo ha alcanzado la intervención de 10.115 kilómetros de los 33.102 previstos, lo que pone presión sobre el gobierno entrante para acelerar la atención de casi 23.000 kilómetros pendientes.
El sector de seguridad y defensa tampoco escapa a los problemas. De 620 aeronaves en la Fuerza Pública, 310 están fuera de servicio y la Policía Nacional enfrenta un déficit presupuestal mayor a 417.000 millones para aspectos críticos como protección balística y armamento. En la Armada, más de 300 embarcaciones requieren mantenimiento o están inactivas. Sin embargo, el contrato firmado para la adquisición de 17 aviones Saab Gripen por 16,5 billones de pesos, cuyo pago inició este año, no verá entregas hasta finales de 2028, lo que limita la capacidad operativa inmediata.
En cuanto a recursos para la gestión de emergencias derivadas del fenómeno climático conocido como «Frente Frío», se han recaudado 7,59 billones de pesos, cifra que alcanza el 87,5 % de lo previsto, pero la ejecutoria de tales fondos es prácticamente nula en sectores como transporte, salud, minas y energía y el ICBF. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres mantiene los recursos en preparativos administrativos sin iniciar con proyectos efectivos de recuperación.
Finalmente, el equipo de empalme emitió alertas a la Procuraduría para vigilar el contrato aprobado por 786.000 millones para una planta desalinizadora en Santa Marta, debido a riesgos en su estructuración técnica y financiera en los últimos días de administración. Estos hallazgos en conjunto revelan desafíos críticos para la transición gubernamental y la necesidad de reforzar el control fiscal, la planificación financiera y la ejecución eficiente de los recursos públicos en los próximos años.
Redacción BusinessCol
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