COLOMBIA, September 29 de 2026. El Gobierno colombiano emitió el Decreto 1444 del 28 de septiembre de 2026, una normativa que prohíbe la importación al país de bienes producidos total o parcialmente mediante trabajo forzoso u obligatorio, en un esfuerzo por alinear la legislación nacional con estándares internacionales y responder a cuestionamientos comerciales con Estados Unidos.
Esta medida busca solucionar el conflicto comercial generado tras una investigación de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) bajo la Sección 301 de su legislación, que evidenció que Colombia carecía de un marco legal claro para prohibir la importación de productos fabricados con trabajo forzoso. Como resultado, en julio de 2026, EE. UU. aplicó un arancel adicional del 12,5 % sobre ciertas importaciones colombianas, afectando sectores claves como flores, confecciones, calzado y alimentos procesados.
Con esta regulación, el Gobierno nacional establece un marco de control aduanero e institucional que permitirá a las autoridades colombianas realizar un seguimiento exhaustivo en las distintas etapas de la cadena de suministro, incluyendo la extracción, cultivo, cosecha, manufactura, ensamblaje, procesamiento y acabado de los productos.
El decreto recuerda el compromiso constitucional con la prohibición de la esclavitud, la servidumbre y la trata de personas, así como la definición de trabajo forzoso según el Convenio 29 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que lo considera como todo trabajo o servicio exigido bajo amenaza y sin consentimiento voluntario del trabajador.
En materia operativa, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) será la entidad responsable de la inspección y control aduanero, con facultades para ordenar la aprehensión y decomiso de mercancías con indicios de haber sido producidas con trabajo forzoso. Además, el Ministerio de Trabajo ofrecerá apoyo técnico para la identificación y calificación de conductas relacionadas con trabajo obligatorio.
También se prevé la colaboración interinstitucional con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que junto al Ministerio del Trabajo integrarán listados indicativos de riesgo para fortalecer la vigilancia y seguimiento en esta materia. El decreto refleja un esfuerzo integral para cumplir con estándares internacionales y mejorar las condiciones éticas en el comercio exterior del país.
Esta acción también fortalece la posición de Colombia ante los mercados internacionales y contribuye a mitigar el impacto negativo de sanciones arancelarias, potenciando la competitividad del país y la protección de derechos laborales. La aplicación efectiva de esta normativa se espera que permita levantar el gravamen del 12,5 % impuesto por Estados Unidos y mejorar la imagen comercial de Colombia en el exterior.
