COLOMBIA, Julio 16 de 2026. La Contraloría General de la República alertó sobre la baja ejecución de los recursos asignados por el Gobierno para atender la emergencia económica ocasionada por el frente frío que afectó ocho departamentos del país. Cinco meses después de la expedición del Decreto 0150 de 2026, que declaró esta emergencia, el organismo de control evidenció demoras significativas en la utilización efectiva de los $7,59 billones recaudados mediante el impuesto al patrimonio y otras medidas tributarias.
Según el informe del ente controlador con corte al 18 de junio, los recursos obtenidos representaron el 87,5% de la adición presupuestal aprobada para esta emergencia, sin embargo, no alcanzaron a cubrir la totalidad de los $8,68 billones adicionados al Presupuesto General de la Nación (PGN). Esto genera un riesgo para la sostenibilidad financiera de los recursos contemplados para el segundo semestre del año, advirtió la Contraloría.
A pesar de que estos fondos fueron incorporados y puestos a disposición de diversas entidades y sectores, la ejecución efectiva a nivel de obligaciones y pagos registra índices casi nulos. Destacó que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), encargada de administrar directamente parte del capital, aún se encuentra en la fase de estructuración de convenios, lo que ha demorado el inicio de obras destinadas a la recuperación de las zonas afectadas por lluvias atípicas e inundaciones.
Sumado a lo anterior, la Contraloría evidenció la ejecución nula en recursos destinados a sectores como transporte, ambiente, minas y energía, salud, bomberos, Prosperidad Social e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf). Asimismo, resaltó la falta de obligaciones y pagos en las carteras de Vivienda y Educación, aunque reconoció avances en la expedición de certificados en estas últimas.
El organismo enfatizó la ausencia de un Plan de Acción Específico por parte del Gobierno que incluya acciones concretas, cronogramas y responsables claros para la atención integral de esta emergencia. La falta de este instrumento dificulta el seguimiento oportuno a la ejecución de los recursos públicos y limita la evaluación del cumplimiento de los objetivos que motivaron la declaratoria de estado de emergencia económica.
Por estas razones, la Contraloría solicitó al Ejecutivo acelerar la formalización de los convenios pendientes con el fin de garantizar que las inversiones se ejecuten de manera oportuna y que cada peso recaudado sea efectivamente destinado a la atención y recuperación de las comunidades afectadas.
Cabe recordar que la Sala Plena de la Corte Constitucional, a finales de junio de 2026, declaró exequible la emergencia económica por frente frío tras votar a favor ocho magistrados y uno en contra, condicionando la medida a 181 municipios previamente reportados por la Ungrd. Excluyó además varias consideraciones relacionadas con la crisis financiera del sector eléctrico, facultades de la Agencia Nacional de Tierras y actualizaciones de planes de manejo de cuencas hidrográficas que consideró no aplicables en este caso.
Esta situación plantea un llamado urgente a mejorar la gestión y eficacia en la ejecución presupuestal de recursos públicos destinados a la gestión de emergencias, con el fin de proteger a las comunidades vulnerables y fortalecer la respuesta estatal ante desastres naturales y fenómenos climáticos extremos.
Redacción BusinessCol
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