COLOMBIA, Julio 30 de 2026. El Gobierno Nacional radicó ante el Congreso el proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación para 2027, el último de la administración de Gustavo Petro, por un monto total de $575,6 billones, que representa el 27 % del Producto Interno Bruto (PIB). Esta cifra es inferior en $21,4 billones a la proyectada inicialmente en el anteproyecto presentado en abril de este año.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, fue el encargado de entregar la propuesta que destina $90 billones a inversión pública, $367,6 billones a gastos de funcionamiento y $118 billones para atender el servicio de la deuda pública. Sin embargo, se identifica un déficit de $30,2 billones entre los ingresos presupuestados, estimados en $545,4 billones, y el monto total a gastar. Para mitigar esta brecha, el Gobierno apuesta a la aprobación de la reforma tributaria progresiva que presentó recientemente, con la cual estima recaudar $21,9 billones en 2027.
Un punto destacado en el documento es la rigidez del gasto de funcionamiento, que constituye cerca del 64 % del total del presupuesto, y cuyos seis principales rubros explican el 86,7 % de su crecimiento. Entre ellos se encuentran el Sistema General de Participaciones (SGP), pensiones, aseguramiento en salud, el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, las Instituciones de Educación Superior Pública (Iesp) y gastos de personal. Esta rigidez limita el margen para aumentar la inversión pública, que de hecho disminuye 0,2 puntos porcentuales del PIB con respecto a 2026, cuando representó el 4,4 %.
Respecto al servicio de la deuda, el presupuesto experimenta un incremento del 17,5 % en comparación con el vigencia anterior, pasando de $100,5 billones a $118 billones en 2027. De este monto, $27,6 billones cubrirán amortizaciones principales, $88 billones corresponderán a intereses, comisiones y otros gastos, y $2,4 billones se destinarán a un fondo de contingencia, lo que refleja la creciente presión sobre las finanzas públicas.
En el desglose por ministerios, el Ministerio de Educación lidera la asignación con $79 billones presupuestados, seguido por el Ministerio de Salud con $77,1 billones, y el Ministerio del Trabajo con $52,3 billones. Más atrás se encuentran los ministerios de Defensa y Hacienda, con $32,8 billones y $26,6 billones respectivamente. Por el contrario, las carteras con menores recursos son el Ministerio de la Igualdad, en proceso de liquidación, con $121.590 millones, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) con $129.058 millones, y el Ministerio de Justicia con $176.152 millones.
El Ministerio de Hacienda ha enfatizado en redes sociales que esta propuesta presupuestal prioriza el gasto social y mantiene una senda de consolidación fiscal que fortalece la estabilidad económica. Esta afirmación sugiere un esfuerzo por balancear la protección de los programas sociales con la responsabilidad fiscal, en un contexto de restricciones estructurales para aumentar los ingresos corrientes y controlar el déficit primordial del Gobierno Nacional Central (GNC), en línea con la vuelta plena a los parámetros de la regla fiscal prevista para 2028.
Este proyecto será el primer asunto importante que afrontará el nuevo Gobierno encabezado por Abelardo de la Espriella, quien asumirá el 7 de agosto. Según el estatuto presupuestal, las comisiones económicas del Senado y la Cámara de Representantes deberán citar al Banco de la República para conocer la opinión sobre el impacto económico de la iniciativa. Posteriormente, antes del 15 de agosto, estas comisiones pueden determinar si el proyecto no tiene ajuste con la norma vigente, devolviéndolo al Ministerio de Hacienda para su reformulación si así lo consideran.
El trámite presupuestal continúa con la revisión y decisión del monto definitivo por parte de las comisiones antes del 15 de septiembre, seguido por la aprobación oficial antes del 25 de septiembre. Finalmente, las plenarias iniciarán la discusión del Presupuesto General desde el 1 de octubre.
Este proceso legislativo será decisivo para la política fiscal de 2027, pues deberá equilibrar las demandas sociales y económicas en medio de un panorama de rigidez financiera y expectativas de reformas tributarias, que a la vez buscan extender la sostenibilidad del gasto y la estabilidad macroeconómica para Colombia de cara a los próximos años.
Redacción BusinessCol
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