COLOMBIA, Julio 28 de 2026. La Contraloría General de la República reveló hallazgos fiscales por $176.795 millones en la auditoría financiera realizada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) durante la vigencia 2025. Estos resultados exponen irregularidades en la administración del modelo de salud implementado para los maestros, bajo la actual gestión del presidente Gustavo Petro, generando nuevas preocupaciones sobre el manejo de recursos públicos en el sistema de salud de este sector.
El ente de control identificó diez hallazgos con incidencia fiscal, doce con presunta incidencia disciplinaria y uno con posible índole penal. El principal hallazgo económico se relaciona con pagos indebidos por servicios médico-asistenciales represados e intereses, que suman un detrimento fiscal de $133.255 millones. La Contraloría señaló que dichos pagos, hechos con recursos del FOMAG, corresponden a servicios entregados por la Unión Temporal Medisalud y la UT Redvital en regiones como Boyacá, Casanare, Meta, Antioquia y Chocó, pero fueron realizados de forma irregular a operadores médicos, pese a que tales responsabilidades estaban claramente definidas bajo los contratos médico-asistenciales vigentes.
Un aspecto crítico de la auditoría fue el no fenecimiento de la cuenta del FOMAG para 2025, debido a una subestimación del pasivo por $598.363 millones. Este pasivo se originó en la inadecuada reclasificación contable de obligaciones relacionadas con sanciones por mora, compromisos que, según el organismo de fiscalización, son claros y exigibles. La Contraloría explicó que el incumplimiento en la correcta contabilización impide avalar la información financiera del Fondo para dicha vigencia, lo que genera serias dudas sobre la transparencia y eficiencia en el manejo presupuestal del sistema prestacional para maestros.
El informe también destapó un detrimento fiscal adicional de $5.479 millones, derivado de la destinación indebida de recursos del FOMAG para el pago de sanciones moratorias estipuladas en la Ley 50 de 1990, violando así la destinación específica que debe regir estos fondos de acuerdo con la Ley 1995 de 2019. A esto se suman pagos inoportunos en cesantías y fallas recurrentes en la entrega de sanciones y pensiones, que representan desembolsos no justificados por $2.531 millones en sanciones y $6.738 millones en intereses moratorios, evidenciando deficiencias en el cumplimiento normativo y control interno.
Además, la auditoría incluyó una revisión a una muestra de 1.105 pagos por prima de mitad de año a docentes pensionados, que respondía a una denuncia presentada por la Gerencia Jurídica de Fiduprevisora, entidad encargada de administrar los recursos del FOMAG. En esta revisión se identificaron erogaciones por $27.982 millones que no cumplieron con requisitos legales ni acataron decisiones judiciales preexistentes que negaban dichos derechos, lo que confirma irregularidades en las políticas y controles aplicados en este componente fundamental para la seguridad social de los maestros.
El examen también registró pagos de mesadas pensionales posteriores a la muerte de docentes y beneficiarios por $419,1 millones, junto con valores excesivos en pensiones de invalidez y sanciones moratorias por $369,1 millones. Estos hallazgos reflejan una persistencia de problemas identificados en auditorías anteriores, lo que la Contraloría resalta como un patrón de malas prácticas continuas y falta de corrección efectiva por parte de Fiduprevisora y otras entidades territoriales involucradas en la administración y supervisión del FOMAG.
En consecuencia, el ente fiscalizador hizo un llamado urgente a Fiduprevisora y a las autoridades locales para que implementen mecanismos robustos que corrijan estas deficiencias y garanticen la eficiencia, transparencia y legalidad en el manejo de los fondos destinados a los maestros. La Contraloría enfatizó la necesidad de detener los pagos irregulares y fortalecer los controles internos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio para proteger el patrimonio público y el bienestar de los docentes.
Esta situación agrega complejidad a la coyuntura que enfrenta el sistema de salud para docentes, modelo impulsado durante el Gobierno Petro, el cual ahora se encuentra bajo escrutinio por la presencia de importantes hallazgos fiscales que evidencian vulnerabilidades en su implementación y gestión. El llamado institucional apunta a garantizar la sostenibilidad del sistema y la correcta utilización de recursos públicos, además de evitar futuros detrimentos fiscales que afectan no solo a los maestros sino a la confianza en las entidades responsables.
Redacción BusinessCol
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