COLOMBIA, Julio 27 de 2026. Ante la reciente imposición de un arancel del 12,5 % por parte de Estados Unidos a los productos colombianos, el presidente Gustavo Petro negó cualquier responsabilidad en esta determinación y la atribuyó exclusivamente a la administración Trump, a la que responsabilizó de haber roto los tratados comerciales vigentes.
Esta respuesta surge luego que el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, afirmara públicamente que la imposición de estos nuevos aranceles es un resultado directo de la supuesta incapacidad del actual Gobierno para tomar decisiones oportunas frente a las demandas del Gobierno estadounidense sobre el combate al trabajo forzoso en las cadenas de producción.
Restrepo señaló que desde marzo de 2026, y posiblemente antes, la Administración de EE.UU. le había requerido al Gobierno colombiano tomar medidas para evitar que las importaciones colombianas contuvieran componentes obtenidos a través de trabajo forzoso. Según el futuro vicepresidente, la falta de acción por parte del Gobierno de Petro justificó la aplicación de estos aranceles no solo a Colombia, sino también a otros 80 países incluidos en esta medida internacional.
En contraposición, Petro enfatizó que la política arancelaria de Estados Unidos es independiente de la actual administración colombiana y que la imposición unilateral de aranceles rompe los acuerdos comerciales internacionales, incluido el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos países. El mandatario sostuvo que, si bien no considera adecuado el uso de estos aranceles, comparte la intención de que ningún producto importado provenga de trabajo forzado, abogando porque «el comercio mundial sea basado en trabajo emancipado».
Adicionalmente, se informó que el presidente electo Abelardo De La Espriella y el futuro ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, ya han iniciado diálogo con las autoridades estadounidenses para buscar una solución integral al problema antes de la toma de posesión, prevista para el 7 de agosto, a través de mesas de trabajo que comenzaron el pasado martes.
Esta coyuntura pone en relieve la compleja relación comercial entre Colombia y su principal socio económico, Estados Unidos, y abre la discusión sobre la capacidad de Colombia para adaptarse a los estándares internacionales sobre derechos laborales y comercio justo, temas que serán prioritarios en la agenda del próximo Gobierno.
En este contexto, la diferenciación sobre responsabilidades en el manejo de esta situación resalta las tensiones políticas internas y la importancia de mantener canales de comunicación y negociación efectivos con EE.UU., para proteger el acceso de los productos colombianos a este mercado clave, así como la competitividad de los sectores exportadores nacionales.
El escenario invita a empresarios y emprendedores colombianos a seguir de cerca estas negociaciones y adaptar sus procesos productivos a las exigencias internacionales para evitar futuras afectaciones arancelarias y preservar las oportunidades de comercio exterior con uno de los principales destinos de sus exportaciones.
Redacción BusinessCol
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