COLOMBIA, Julio 7 de 2026. El presidente saliente Gustavo Petro respondió de manera contundente a la orden del presidente electo Abelardo de la Espriella de suspender el proceso de empalme entre los dos gobiernos. Aseguró que, pese a esta decisión, la entrega de información y rendición pública continuarán «ante el pueblo», conforme lo establece la ley colombiana. La situación revela un panorama complejo y tenso para la transición gubernamental que culminará a comienzos de agosto.
En una declaración pública extensa, el mandatario sostuvo que quienes decidieron retirarse de las reuniones de empalme son quienes «no aguantan que se observe por toda la ciudadanía que no están preparados y que sus insultos públicos son calumnias». Petro enfatizó que la transición es un proceso legal que seguirá desarrollándose con transparencia ante la opinión pública y destacó que se mantendrán abiertos los espacios para la entrega del gobierno, aunque inclinó a la posibilidad de que las «sillas vacías» esperen a quienes, según él, «se robaron las elecciones».
El presidente también subrayó que el empalme no debe ser visto únicamente como un trámite técnico sino como una verdadera rendición pública de la administración que finalizará el 6 de agosto a medianoche, recordando que actúa en cumplimiento del mandato del pueblo. Además, rechazó ciertas solicitudes dirigidas a su gobierno que considera inconstitucionales, como permanecer en el poder pese a la voluntad popular expresada en las elecciones, reafirmando su compromiso con la democracia y la Constitución colombiana, documento que ayudó a construir como miembro del M-19.
En cuanto a las acusaciones judiciales actuales en su contra, Petro anunció que responderá con acciones legales, calificando de «calumnias» los señalamientos hechos por exconvictos y sus familiares, algunos de los cuales habrían sido incorporados en el proceso de empalme. Destacó también su situación patrimonial y financiera al cierre de su gobierno, señalando que termina con menos patrimonio que al inicio y con cuentas bloqueadas en Estados Unidos, acción que atribuyó a decisiones ajenas al expresidente Donald Trump, y que según indicó, le sirve para dar prueba de su honestidad.
Por otra parte, cuestionó la transparencia del presidente electo Abelardo de la Espriella, señalando que no ha justificado públicamente ciertas actividades empresariales recientes en Florida relacionadas con financiamiento internacional durante la campaña presidencial. A pesar de ello, manifestó respeto por quienes lo apoyaron en las urnas.
Petro también habló de su último discurso público que dará el 20 de julio en el suroccidente de Bogotá, enfocando su mensaje a la despedida de las Fuerzas Armadas, a las que afirmó haber fortalecido durante su administración alcanzando récords en operativos contra el narcotráfico y combates contra actores armados ilegales. En sus declaraciones, señaló además que el mando militar futuro recaerá en una persona a quien él mismo retiró del ejército por acusaciones de corrupción relacionadas con viáticos e ingresos de subalternos. Refiriéndose al cambio del UNDEMO por el ESMAD, consideró que no es solo un cambio de nombre sino un cambio en la concepción de estas fuerzas policiales.
El mandatario defendió también su política frente a la protesta social, indicando que logró reducir significativamente la violencia estatal contra civiles, sustentado en su apego a los derechos humanos y su condición de demócrata. Sin embargo, manifestó preocupación por las políticas anunciadas por el nuevo gobierno que, según él, amenazan a sectores sociales vulnerables como la juventud, el campesinado y la clase trabajadora, particularmente con la reforma tributaria y una posible reforma pensional que podría afectar a la vejez y al empresariado que respaldó a De la Espriella.
Finalmente, Petro cerró sus declaraciones con un llamado a la resistencia activa y la desobediencia civil en caso de que el pueblo así lo decida, calificando la próxima administración de «fascista» y enfatizando que esta debe ser derrotada. Además, volvió a denunciar supuestas irregularidades electorales, alegando que el gobierno electo fue apoyado desde el exterior, con votos inexistentes y algoritmos desarrollados por empresas privadas israelíes. Anunció que su bancada tiene un «arsenal de pruebas» que será presentado en una demanda de nulidad electoral, prometiendo que «la humanidad conocerá los hechos».
Este escenario plantea un ambiente de alta polarización política y social a pocas semanas del cambio de gobierno, en el que la suspensión del empalme y las acusaciones cruzadas sientan un precedente poco común en las transiciones democráticas colombianas.
Redacción BusinessCol
Contenido editorial elaborado con apoyo de inteligencia artificial y revisión de fuentes públicas. Si encuentra alguna inconsistencia o desea solicitar una corrección, puede contactar al equipo editorial de BusinessCol.
