COLOMBIA, Agosto 6 de 2026. La senadora Claudia Margarita Zuleta, del Centro Democrático, radicó un proyecto de ley que busca modificar las reglas de contratación interadministrativa en Colombia, con el fin de endurecer los requisitos para quienes acceden a contratos directos con el Estado y eliminar la práctica conocida como ‘contrataderos’. La iniciativa, que será estudiada por la Comisión Séptima del Senado, cuenta con el respaldo de varias fuerzas políticas y tiene como objetivo fortalecer los controles y limitar la intermediación contractual dentro del sector público.
Este proyecto parte de la premisa de que la contratación interadministrativa debe conservarse como un mecanismo válido para las entidades públicas, pero sometido a condiciones más estrictas que aseguren la capacidad de los contratistas para ejecutar directamente los objetos contratados. Propone modificar la Ley 80 de 1993 con el fin de aumentar la transparencia y proteger los recursos de las entidades estatales.
Uno de los cambios más importantes es la modificación del artículo 25 de dicha ley para incluir un nuevo numeral que obligue a las entidades a acreditar la idoneidad del contratista antes de firmar un contrato interadministrativo. Esto implica que las entidades deberán demostrar que el contratista posee el conocimiento técnico, la capacidad instalada y la solvencia económica necesarias para cumplir con lo contratado, asegurando que tengan experiencia comprobada y que no dependan de terceros para la ejecución.
Según la senadora Zuleta, la tercerización —práctica que ha permitido lo que se conoce como ‘contrataderos’— viola los principios de la contratación estatal, ya que afecta la libre competencia y reduce la transparencia al dificultar el seguimiento del uso de recursos públicos. Además, en muchos casos, la interpolación de terceros ocasiona pérdidas para el Estado.
Pese a endurecer las condiciones para acceder a esta modalidad, el proyecto no elimina la contratación interadministrativa. Por el contrario, la reconoce como una herramienta válida para la gestión estatal, pero propone limitar la intermediación e imponer mayores exigencias técnicas, operativas y económicas a quienes aspiren a contratar directamente con el Estado. Para ello, busca fortalecer los criterios de selección previos a la adjudicación reforzando el control y la transparencia.
Además, la propuesta contempla la creación de un Registro Público de Entidades Habilitadas para la Contratación Interadministrativa, que estaría administrado por Colombia Compra Eficiente. Este registro examinaría cuáles entidades cumplen las condiciones para ser contratistas del Estado bajo esta modalidad, realizando un control riguroso para verificar la capacidad requerida antes de asignar recursos públicos.
El trámite del proyecto inicia ahora en la Comisión Séptima del Senado, donde se evaluarán los ajustes a la Ley 80 de 1993 y el alcance de las nuevas obligaciones para entidades estatales y contratistas. La senadora Zuleta afirmó que esta iniciativa hace parte de la lucha contra la corrupción y busca garantizar que los recursos públicos se usen correctamente y lleguen a sus destinos de manera eficaz.
De aprobarse, el proyecto marcaría un cambio significativo en la contratación pública en Colombia, orientado a mejorar la gestión y control del gasto estatal, garantizando mayor transparencia e idoneidad en la ejecución de contratos directos entre entidades públicas y contratistas.
Redacción BusinessCol
Contenido editorial elaborado con apoyo de inteligencia artificial y revisión de fuentes públicas. Si encuentra alguna inconsistencia o desea solicitar una corrección, puede contactar al equipo editorial de BusinessCol.
