COLOMBIA, Agosto 6 de 2026. La Asociación Colombiana de Vehículos Automotores (Andemos) entregó una hoja de ruta con cinco ejes fundamentales para la política de movilidad que debería implementar el próximo Gobierno nacional. El gremio advierte la necesidad de una política pública integral que articule infraestructura, transporte, logística y parque automotor como componentes de un mismo sistema para responder a los retos actuales en el país y sus regiones.
El diagnóstico de Andemos señala que Colombia enfrenta aún un escenario con regiones parcialmente desconectadas, altos costos logísticos y una infraestructura que no siempre logra conectar los diferentes modos de transporte, afectando la competitividad y eficiencia logística. En esta línea, el gremio resalta que el parque automotor particular tiene una edad promedio de 19 años y el de carga llega a 21 años, cifras que impactan negativamente la seguridad vial, la productividad, el consumo de combustible y las emisiones contaminantes.
Una preocupación clave para el sector es la renovación vehicular, actualmente limitada por políticas arancelarias elevadas y trámites regulatorios complejos. Desde julio de 2026, una medida que condiciona la venta de camiones livianos al pago de un arancel del 25% del valor comercial cuando no se acredita la desintegración física del vehículo antiguo, ha provocado que las matrículas en este segmento caigan drásticamente, del 98,96%, pasando de 3.267 unidades en junio a solo 34 en julio. Andemos advierte que medidas que encarecen la compra pueden prolongar la vida útil de vehículos más antiguos, contrario al objetivo buscado de promover la renovación del parque automotor.
El gremio plantea la revisión de la política arancelaria vigente, solicitando retomar el arancel del 10% para buses eléctricos importados, que fue impuesto en 2025, y reducir el gravamen para vehículos de combustibles fósiles al menos al 25%, frente al 40% actual aplicado también desde 2025. Además, piden restablecer el IVA Crei, mecanismo que anteriormente favoreció la compra de vehículos nuevos para pequeños transportadores de carga y que contribuyó a renovar el parque.
Andemos también alerta sobre atrasos en trámites regulatorios como la Certificación de Emisiones por Prueba Dinámica previa a la importación, que puede demorar hasta 45 días hábiles, lo que afecta a todos los distribuidores vehiculares en el país. Para agilizar estos procesos proponen que Colombia reconozca directamente los reportes técnicos y certificaciones emitidas por fabricantes u organismos internacionales acreditados, sin disminuir los requerimientos ambientales que exige la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla). Asimismo, señala que reglamentos técnicos relacionados con elementos de seguridad vehicular como llantas, frenos y cinturones llevan más de cuatro años sin entrar en vigencia debido a desacuerdos técnicos y legales, que incluso dejaron en riesgo cerca de 100.000 vehículos en 2025 tras un conflicto en el marco del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
El documento enfatiza que el problema regulatorio no es exclusivo del Ministerio de Transporte ni de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, sino que se relaciona con el Decreto 1595 de 2015, que aplica el mismo marco regulatorio a productos tan diversos como vajillas o ollas de presión. El gremio recomienda implementar un modelo de formulación técnica especializado para el sector automotor, dada su complejidad y especificidad en el mercado global.
En materia de transición energética, el informe destaca un crecimiento significativo en la movilidad eléctrica, con un aumento del 98,4% en las matrículas de vehículos híbridos y eléctricos en el último año. Actualmente, Colombia registra 69.963 vehículos totalmente eléctricos, de los cuales el 53% (37.334 unidades) están concentrados en Bogotá. Este dato pone de manifiesto el liderazgo de la capital en movilidad sostenible pero también evidencia la insuficiente infraestructura de recarga y la limitada capacidad energética en otras regiones del país.
Finalmente, Andemos plantea que la política pública de movilidad debe incluir un fortalecimiento de la financiación e institucionalidad, integrando asociaciones público-privadas con reglas claras y estables, y mayor capacidad técnica en el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Recalcan que la seguridad vial, la accesibilidad y una transición energética eficiente y equitativa deben ser pilares centrales, reconociendo que no todos los ciudadanos pueden asumir fácilmente el costo de actualizar tecnologías.
El gremio concluye que no se trata de escoger entre mejorar la infraestructura vial o renovar el parque automotor, sino de entender ambos aspectos como partes interconectadas de un sistema integral que requiere atención simultánea para avanzar hacia una movilidad más segura, sostenible y eficiente en Colombia.
Redacción BusinessCol
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