COLOMBIA, Julio 6 de 2026. La economía colombiana experimentó un crecimiento estimado del 2,7% en el segundo trimestre de 2026, de acuerdo con un análisis reciente de Bancolombia, que también indicó una expansión del 2,4% en el primer semestre del año. Este repunte moderado de la actividad productiva se da en un contexto donde persisten importantes preocupaciones relacionadas con el déficit fiscal, la deuda pública y la debilidad de la inversión, aspectos que constituyen retos fundamentales para el próximo gobierno de Abelardo De La Espriella, que iniciará su mandato el 7 de agosto.
El informe detalla un comportamiento sectorial desigual, destacando sectores como recreación, servicios profesionales, agricultura e industria con aceleraciones positivas. En junio, la actividad industrial registró un avance del 3,7% anual, mientras que la agricultura creció 3,5%. Otros sectores en alza incluyen el comercio, con un aumento del 4%, y el sector financiero, con un crecimiento del 6%. Contrario a estas tendencias, la construcción perdió dinamismo, reportando un crecimiento apenas del 0,6%, y la minería continuó en terreno negativo, con una contracción del 0,5%.
El economista Jorge Coronel, citado en el análisis, destacó que la deuda neta del Gobierno nacional central cerró 2025 en 58,6% del Producto Interno Bruto (PIB), cifra que, si bien es alta, se mantiene por debajo del pico de 60,7% registrado en 2020 durante la pandemia y ligeramente inferior al 59,3% de 2024. Coronel subrayó que el endeudamiento ha sido un proceso gradual, incrementándose a lo largo de la última década y acentuándose a partir de la emergencia sanitaria del covid-19.
Además, explicó que gran parte del esfuerzo fiscal realizado recientemente se destinó a cancelar obligaciones adquiridas en administraciones anteriores, como el pago de 23,1 billones de pesos al Fondo Monetario Internacional entre 2024 y 2025, y cerca de 83,9 billones entre 2022 y 2026 para cubrir el déficit acumulado del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), causado por el congelamiento de precios durante la pandemia.
Entre los factores que han afectado los ingresos fiscales, Coronel mencionó decisiones judiciales como la inesperada surtiduría en la deducibilidad de regalías, la caída de dos proyectos de ley de financiamiento en el Congreso, la reducción de 10 billones de pesos en el Presupuesto General de la Nación para 2026 y la invalidación de dos decretos de emergencia económica. A pesar de estas dificultades, destacó que la refinanciación de la deuda sigue siendo una práctica habitual, con estrategias orientadas a mejorar vencimientos y reducir costos, aunque advirtió que un uso predominante de esta herramienta podría generar desconfianza en los mercados financieros.
Desde un ángulo más crítico, Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), señaló que el gobierno saliente de Gustavo Petro deja una economía con un alto déficit fiscal, mayores costos en la deuda pública y un deterioro en la confianza empresarial. Aunque reconoció avances en indicadores sociales como desempleo y pobreza, advirtió que estos logros se basan en mecanismos temporales y electoralistas, sin asegurar sostenibilidad a largo plazo.
Mac Master destacó además una serie de problemas estructurales como la inflación persistente, el debilitamiento de la inversión, la disminución de la confianza de inversionistas y empresarios, y el aumento de la inseguridad. Criticó el incremento del gasto público sin considerar sus impactos futuros en las finanzas nacionales, describiendo la situación fiscal como una «factura elevada» y una «crisis de confianza» que deberá enfrentar el próximo gobierno.
En este escenario, Corficolombiana recomendó que la recuperación de la inversión sea prioridad para la nueva administración. Su propuesta incluye concentrar la reactivación en los sectores de vivienda, infraestructura y minería-energía, reconociendo que la inversión en Colombia se mantiene en niveles históricamente bajos y por debajo de las cifras previas a la pandemia.
El plan «3-2-1» de Corficolombiana propone metas concretas como la construcción de un millón de soluciones de vivienda durante el cuatrienio, la iniciación de 5.000 kilómetros de red vial primaria, la intervención de 35.000 kilómetros de vías terciarias y la recuperación de una producción petrolera de un millón de barriles diarios. Para alcanzar estos objetivos, estimaron compromisos financieros cercanos a 80 billones de pesos en los próximos cuatro años, incluyendo recursos para proyectos 4G y 5G, vías terciarias, subsidios de vivienda y obligaciones con empresas del sector energético.
Corficolombiana advirtió que el cumplimiento de esta agenda dependerá tanto de la disponibilidad de financiación como de la capacidad de ejecución del gobierno que iniciará labores en agosto, enfatizando la importancia de mantener disciplina fiscal, priorizar el gasto y promover innovaciones en las fuentes de recursos. Asimismo, recomendó avanzar en reformas para agilizar trámites administrativos, asegurar estabilidad jurídica, fortalecer la coordinación entre niveles de gobierno, mejorar la seguridad y potenciar el uso de tecnología para optimizar procesos.
El informe concluye señalando que, si se logra un repunte en los sectores rezagados y la inversión vuelve a niveles previos a la pandemia, Colombia podría añadir un punto porcentual adicional a su tasa de crecimiento económico, aumentar la inversión al 22% del PIB y crear aproximadamente 500.000 empleos en el cuatrienio.
Estos análisis y recomendaciones ofrecen un panorama completo y realista de la coyuntura económica colombiana al cierre del gobierno actual y plantean los desafíos clave que deberá asumir la próxima administración para preservar la estabilidad y promover un crecimiento sostenible.
Redacción BusinessCol
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