COLOMBIA, Julio 15 de 2026. El ministro de Justicia designado para la administración de Abelardo De La Espriella, Iván Cancino González, solicitó con carácter urgente a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) aplazar la toma de decisiones sobre 48 procesos contractuales valorados en más de 6.400 millones de pesos. La petición se hizo a pocas semanas de la finalización del mandato del gobierno actual y busca evitar comprometer vigencias futuras que impactarían a la próxima administración.
La solicitud fue formalizada mediante una carta dirigida a César Palomino Cortés, director general de la ANDJE, en la que Cancino también requirió información precisa sobre los contratos en cuestión. Entre otros datos, pidió conocer el objeto, la cuantía, modalidad de selección, y la disponibilidad presupuestal relacionada, así como los estudios previos que respalden cada proceso.
En este momento, el gobierno de Gustavo Petro continúa con la potestad para adjudicar estos contratos, sin embargo, el equipo de empalme advierte que las decisiones representan un compromiso presupuestal relevante en una coyuntura de transición de gobierno. De los $6.402 millones, $2.022 millones corresponderían a vigencias futuras, que comprometen presupuesto que deberá ejecutar la administración que asumirá el próximo 7 de agosto.
El área con mayor volumen de contratación es la Dirección de Defensa Jurídica Internacional, responsable de 26 de los 48 procesos y con un presupuesto cercano a $3.049 millones, representando casi la mitad del valor total. En segundo lugar está la Secretaría General Administrativa y Financiera con tres contratos por $1.719 millones, de los cuales más de $1.504 millones implican vigencias futuras.
Asimismo, la Dirección de Gestión de la Información contempla cinco procesos contractuales valorados en un total de $903.9 millones, incluidos recursos vigentes y vigencias futuras. Otras dependencias de la ANDJE involucradas en estas contrataciones son la Oficina Asesora de Planeación, la Oficina Asesora de Sistemas y Tecnologías de la Información, la Dirección de Políticas y Estrategias, y la Oficina de Control Interno, entre otras, con montos menores pero que sumados representan montos significativos.
La carta de Iván Cancino no cuestiona la capacidad del actual gobierno para ejecutar estos contratos, sino que enfatiza la conveniencia de postergar las decisiones hasta que el equipo entrante pueda analizar la información completa y evaluar el impacto presupuestal. Además, pidió conocer si existe relación entre estos procesos y contrataciones recientes de la agencia para detectar posibles riesgos de fraccionamiento de contratos.
Además de la ANDJE, la comunicación fue remitida también a la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, con el fin de canalizar eventuales medidas de vigilancia y control que garanticen la transparencia y legalidad en la contratación pública durante el proceso de transición.
Esta solicitud refleja la complejidad y el cuidado que implica la entrega ordenada del poder público, así como la necesidad de evitar comprometer obligaciones financieras que afecten la gestión del siguiente gobierno. El seguimiento a estos procesos contractuales será clave para asegurar la continuidad institucional y la responsabilidad fiscal en el contexto de cambio de administración.
Redacción BusinessCol
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