COLOMBIA, October 29 de 2026. La ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Alexandra Falla Zerrate, reveló un primer balance oficial y consolidado del programa Juntas de Internet, iniciativa del gobierno anterior que tenía como objetivo expandir la conectividad en zonas rurales del país. Los resultados publicados evidencian un bajo cumplimiento en relación con las expectativas iniciales, mostrando un panorama sobrio respecto a la promesa de conectar miles de comunidades apartadas de Colombia.
El programa previó inicialmente la creación de 5.000 Juntas de Internet para ser instaladas en las zonas rurales, con la ambición de conectar a más de 235.000 familias para 2026. Sin embargo, estas cifras fueron ajustándose a lo largo del tiempo, reduciéndose primero a 4.000 juntas inscritas y posteriormente a 810 contratadas. En la actualidad, solo 353 están operativas, lo que representa apenas el 7 % de la meta original.
La conectividad efectiva también está muy por debajo del nivel prometido: de las más de 235.000 familias originalmente contempladas, solo 20.433 cuentan con acceso al servicio de internet, cerca del 8 % de lo que se esperaba. Esta realidad, según la ministra Falla, es el resultado de múltiples ajustes que no lograron cumplir ni expectativas ni compromisos contractuales, dejando a muchas familias sin la solución tecnológica que aguardaban.
El caso del departamento de Caldas se destacó como ejemplo ilustrativo del incumplimiento en la ejecución del proyecto. Originalmente se anunció la instalación de 160 juntas para brindar conectividad a cerca de 8.000 hogares. Sin embargo, esa cifra fue finalmente revisada a un rango entre 16 y 70 juntas, de las cuales únicamente se entregaron 20. La situación llevó a que el departamento decidiera devolver recursos por un monto aproximado de 5.189 millones de pesos ante el incumplimiento y los retrasos.
En cuanto a la calidad del servicio, el panorama tampoco es alentador. La promesa inicial de proporcionar velocidades de descarga de 25 megabits por segundo (Mbps) no se ha cumplido: aproximadamente dos tercios de las juntas que se han instalado actualmente operan con una velocidad de entre 7 y 8 Mbps, menos de una tercera parte de lo anunciado. Esta deficiencia implica limitaciones importantes para el uso efectivo y satisfactorio del servicio de internet, que debe considerarse en el seguimiento y evaluación del programa.
La ministra Falla insistió en que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones realizará un seguimiento riguroso, priorizando la verificación técnica y financiera de las instalaciones y exigiendo el cumplimiento estricto de las obligaciones contractuales. Además, señaló que los recursos no ejecutados deberán reintegrarse, y que se impulsarán soluciones realistas que garanticen la sostenibilidad y calidad del servicio para las comunidades beneficiarias. El compromiso explícito es que «La Patria Milagro no abandonará a estas familias».
Un punto crítico del programa fue la concepción política que lo sustentó, basada en la idea de que los operadores privados no llegaban a cubrir estas zonas rurales, por lo que se apostó a que las juntas de acción comunal pudieran convertirse en operadores. No obstante, en la práctica esta perspectiva desconoció la experiencia y operación de pequeños proveedores locales de internet (ISP) ya establecidos, quienes tenían infraestructura, personal técnico y clientes en estas áreas. Esta subestimación condujo a problemas de sostenibilidad y a la ausencia de mejoras significativas en la calidad de la conexión.
A día de hoy, las comunidades enfrentan dificultades para cubrir costos básicos como la energía eléctrica de los equipos, poniendo en riesgo la continuidad operativa de las redes. La responsabilidad entregada a estas juntas no estuvo acompañada de los recursos o condiciones necesarias para su mantenimiento a largo plazo.
Actualmente, las Juntas de Internet operativas están relacionadas con acuerdos específicos, como Internexa (209 juntas), y convenios firmados con autoridades indígenas (60 juntas), Boyacá (64 juntas) y Caldas (20 juntas), según datos de interventoría y seguimiento al 30 de septiembre de 2026. No obstante, el trabajo del Ministerio TIC se enfoca en mejorar la gestión de esas redes, promover la transparencia hacia las comunidades y definir rutas para asegurar una conectividad adecuada, sostenible y de calidad.
La ministra concluyó que, aunque se ha heredado un problema complejo del gobierno anterior, en esta administración se actuará con responsabilidad técnica y compromiso firme para solucionar los desafíos que enfrenta la conectividad rural en Colombia, buscando que las regiones apartadas puedan finalmente acceder a un servicio que permita cerrar brechas digitales y promover el desarrollo integral.
Redacción BusinessCol
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