COLOMBIA, Noviembre 5 de 2026. La crisis tarifaria del servicio de energía en el Atlántico se ha convertido en un tema de emergencia para sus más de 2.8 millones de habitantes, quienes enfrentan un elevado costo eléctrico que impacta directamente la calidad de vida de las familias y la competitividad del tejido empresarial regional.
Isabella Pulgar Mota, precandidata a la Gobernación del Atlántico, denunció que esta problemática representa una asfixia económica para hogares y negocios, mostrando que la factura de la empresa Air-e se ha vuelto comparable a un segundo arriendo para muchos estratos 1, 2 y 3. Según la dirigente, la carga financiera derivada de estas tarifas obliga a miles de hogares a elegir entre adquirir alimentos, pagar compromisos o usar energía.
El Atlántico afronta una de las tarifas eléctricas más altas del país. Por ejemplo, en octubre de 2026 el kilovatio hora en el Valle del Cauca promedió $753, mientras que en esta región la tarifa cobrada por Air-e alcanzó $936. Este diferencial afecta la competitividad de pequeñas y medianas empresas, que ven reducidas sus utilidades y riesgos evidentes para el empleo local.
Esta situación tiene raíces regulatorias puntuales. Pulgar señala que el régimen especial para el Caribe, implementado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), autoriza que las «pérdidas no técnicas» – energía perdida por robos, fraudes o falta de pago – se carguen directamente a las facturas de los usuarios que sí cumplen con sus pagos. A esto se suma el incremento tarifario significativo de 7.18 % en las tarifas residenciales, que elevó el costo del kWh de $873.69 a $936.40.
Además, existen pasivos acumulados que Air-e arrastra y que a septiembre de 2026 alcanzaban los $6.3 billones, lo que agrava la complejidad y costos del sistema energético en la región. Esta realidad exige, según la precandidata, una revisión profunda y responsable del esquema tarifario y una intervención que vaya más allá de paliativos momentáneos.
Como solución a corto plazo, Pulgar plantea que la CREG revise y corrija los mecanismos que actualmente trasladan costos desproporcionados a los usuarios cumplidos. En paralelo, reclama que el Gobierno Nacional cumpla con asumir los saldos de la «opción tarifaria», que consiste en diferir cobros, para aliviar sustancialmente el valor de la factura.
De cara a mediano y largo plazo, explica que el Atlántico debe apostarle a la transición energética, promoviendo la autogeneración mediante energías renovables, solar en particular, integrando comunidades energéticas y tecnología para techos fotovoltaicos. Este camino permitiría independencia y mayor estabilidad en los costos para hogares y negocios.
Pulgar enfatizó que esta agenda demanda una coordinación tajante entre actores clave como el Ministerio de Minas y Energía, la Superintendencia de Servicios Públicos, la CREG, gremios locales, alcaldías y la Gobernación del Atlántico. La intervención y administración actual de Air-e debe trascender cambios superficiales y propiciar una reestructuración financiera que sanee de forma definitiva la prestación del servicio.
Finalmente, la líder regional hizo un llamado a que el Atlántico deje de ser espacio de promesas incumplidas o discursos sin resultados, y exija acciones tangibles que impacten los recibos de luz y fomenten un desarrollo social y económico sostenible. La energía debe ser un servicio accesible y eficiente, motor para el progreso y no una carga financiera que frene a la región.
“Menos escritorio, más territorio”, concluyó, subrayando la urgencia de soluciones concretas y responsables que reflejen el sentir y necesidades de la población.
Redacción BusinessCol
Contenido editorial elaborado con apoyo de inteligencia artificial y revisión de fuentes públicas. Si encuentra alguna inconsistencia o desea solicitar una corrección, puede contactar al equipo editorial de BusinessCol.
