COLOMBIA, Noviembre 10 de 2026. El Gobierno Nacional presentó una propuesta para reducir en $8 billones los gastos de funcionamiento del Estado como parte de un conjunto de medidas de austeridad incluidas en la Ley de Rescate Económico. Este proyecto de ley, radicado el 29 de octubre y en trámite en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, plantea además ajustes en la nómina pública, la contratación por prestación de servicios y la venta de activos improductivos con el objetivo de reorganizar las finanzas públicas y mejorar su sostenibilidad.
El ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez, lideró el anuncio y destacó que se trata del recorte más ambicioso planteado para eliminar el derroche estatal, enfatizando que el ajuste debe comenzar por el mismo Gobierno antes de considerar la imposición de nuevas cargas tributarias a la ciudadanía. «El Estado se aprieta primero el cinturón», afirmó el funcionario.
Según las estimaciones del Ministerio de Hacienda, estas medidas podrían generar ahorros cercanos a $44,6 billones en 2027, que aumentarían hasta $76,1 billones en 2030, aunque la implementación y alcance final dependerán de las decisiones del Congreso.
Reducción del gasto en nómina pública y contratación
Uno de los pilares del ajuste es la propuesta de recortar en un 20% los gastos destinados al pago del personal de entidades que forman parte del Presupuesto General de la Nación, exceptuando a la Fuerza Pública. De lograrse, esta reducción se traduciría en un ahorro estimado de $11 billones, con aplicación proyectada para 2028. Sin embargo, la medida no implica una reducción individual del 20% en los salarios de todos los servidores públicos, y se respetarán los incrementos mínimos salariales establecidos.
Además, en los años 2029 y 2030, el crecimiento del gasto en personal no podría superar la inflación más un medio punto porcentual, en línea con las reglas para contener el aumento de estas obligaciones del Estado.
Paralelamente, el proyecto propone reducir en un 50% el gasto en contratos por prestación de servicios durante 2027 con respecto a 2026. En este caso, el objetivo se expresa en términos presupuestales y no significa necesariamente eliminar la mitad de los contratos, sino disminuir el gasto total en esa modalidad. Para la celebración de nuevos contratos OPS, las entidades deberán verificar previamente si las actividades podrían ser asumidas por sus funcionarios de planta. A partir de 2028, el crecimiento en el gasto de estos contratos tampoco podría superar la inflación.
Control y racionalización del gasto en bienes, servicios y burocracia
La iniciativa también plantea restricciones en las compras públicas, limitando su crecimiento al ritmo de la inflación entre 2027 y 2030, con el fin de contener el gasto operativo. Incluye controles sobre horas extras, viáticos, viajes internacionales, teléfonos celulares, vehículos oficiales, seguridad, condecoraciones y eventos financiados con recursos públicos.
En materia publicitaria, el Estado podrá destinar recursos para informar a los ciudadanos, pero no para promocionar la gestión de funcionarios, partidos o candidatos.
Como complemento, el Gobierno busca eliminar burocracia por un valor de $4 billones, integrando esta decisión dentro de su estrategia para reducir gastos administrativos.
Venta de activos y reorganización estatal
Además de los recortes en funcionamiento y nómina, la Ley de Rescate contempla la venta de activos improductivos por más de $4 billones con la intención de obtener recursos adicionales. Estos recursos no deben confundirse con ahorros directos, ya que son ingresos por enajenación de bienes estatales.
El Ejecutivo también solicita al Congreso facultades extraordinarias para fusionar o eliminar entidades públicas, con la finalidad de reorganizar la estructura administrativa. Sin embargo, hasta ahora no se ha presentado un listado definitivo de las entidades afectadas, ya que esto dependerá del articulado aprobado.
El proyecto, sin duda, busca reducir las necesidades de gasto público y mejorar la sostenibilidad fiscal de Colombia en los próximos años, aunque las metas de ahorro y las condiciones para aplicar las medidas están sujetas a la aprobación y debates en el Congreso.
Por el momento, las proyecciones oficiales señalan $44,6 billones de ahorro para 2027 y $76,1 billones en 2030 como objetivos del Gobierno, los cuales quedan pendientes de aprobación y aplicación efectiva.
Redacción BusinessCol
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