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Con Ley de Sometimiento, Colombia fortalece el desmantelamiento de estructuras criminales en primeros 100 días de Gobierno

COLOMBIA, Noviembre 16 de 2026. El Gobierno Nacional presenta avances significativos en su estrategia de desmantelamiento de estructuras criminales con la promulgación de la Ley 2640, conocida como Ley de Sometimiento a la Justicia, en sus primeros 100 días de gestión. Sancionada el 4 de noviembre por el Presidente Abelardo De La Espriella, esta legislación establece un marco jurídico para facilitar que actores armados ilegales y organizaciones criminales transiten hacia la vida civil, fortaleciendo a la vez la protección y reparación de las víctimas.

La nueva normativa, publicada en el Diario Oficial número 53.680, modifica y adiciona disposiciones de la Ley 418 de 1997, la Ley de Orden Público, con el fin de proporcionar instrumentos al Estado que combinen la actuación conjunta de la Fuerza Pública y las autoridades judiciales con mecanismos de sometimiento voluntario, ya sea individual o colectivo. El Mandatario destacó la aprobación de la norma con una declaración que marcó un cambio respecto a políticas anteriores: “La falsa paz total llegó a su fin”.

La Ley 2640 implementa un procedimiento dividido en dos fases: una primera etapa administrativa dirigida por el Gobierno Nacional, con una duración máxima de tres meses que puede prorrogarse una vez, y una segunda fase judicial a cargo de las autoridades competentes. Durante la etapa inicial, los delegados gubernamentales reciben las solicitudes de sometimiento y recopilan información exhaustiva sobre las estructuras armadas, incluyendo integrantes, mandos, zonas de influencia, armamento, bienes económicos y actividades ilícitas, así como datos sobre personas desaparecidas o secuestradas y menores reclutados.

En la segunda fase, que compete a la justicia, se determina la responsabilidad individual, se evalúan los aportes a la verdad y la reparación a víctimas, y se establecen las consecuencias penales. Esta separación garantiza que el Ejecutivo gestione la parte administrativa mientras que la Rama Judicial realiza las decisiones en materia penal y de beneficios.

Un aspecto relevante de la Ley es su artículo 16, que contempla rebajas de penas de hasta un 50 % para quienes contribuyan efectivamente a la verdad, la reparación y el desmantelamiento de las organizaciones. Para quienes hayan tenido funciones de mando, la reducción será de un 30 %. Sin embargo, se establecen restricciones más severas para quienes recluten menores tras la entrada en vigencia de esta ley, limitando las rebajas a un 10 % para líderes y 30 % para otros miembros.

El Ministro de Justicia, Iván Cancino, aclaró que esta legislación no contempla negociar estatus políticos ni mesas de negociación con estas organizaciones, ni suspensión de órdenes judiciales o de extradición. El mecanismo está orientado a someter a estos grupos a la Constitución y las leyes, priorizando la justicia y la reparación sobre acuerdos políticos.

La reparación a víctimas es un pilar fundamental de la norma, que ordena crear un programa administrativo para las víctimas del crimen organizado y organizaciones terroristas. Las sentencias condenatorias deberán especificar las obligaciones de reparación, plazos, responsables y mecanismos para verificar su cumplimiento. Además, amplía la participación de las víctimas, garantizando derechos como aportar pruebas, representación jurídica, y protección especial en casos de violencia sexual.

Para acceder a beneficios penales diferenciados, la ley impone siete condiciones estrictas, entre ellas la entrega total de armas, municiones y explosivos; la identificación completa de sus miembros; información sobre personas desaparecidas; la liberación de secuestrados; la cesación de actividades criminales y la contribución a la recuperación ambiental y social de territorios afectados. La ocultación de información sobre desaparecidos implica la revocatoria automática de beneficios.

La Ley 2640 incluye también la estrategia de Transformación Territorial Integral (TTI), destinada a reemplazar economías ilegales por actividades sostenibles mediante la presencia estatal reforzada, oportunidades económicas legales y recuperación de zonas impactadas por la violencia, la minería ilegal y los cultivos ilícitos.

Finalmente, la norma contempla mecanismos para favorecer la reinserción social y económica de quienes se sometan al Estado, bajo la dirección de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN). Estas iniciativas incluyen acceso a educación superior, formación profesional adaptada al mercado laboral a través del SENA, acompañamiento psicosocial, proyectos productivos y rutas de empleabilidad centradas en sectores como la agricultura sostenible, pesca artesanal y ecoturismo.

Con esta legislación, el Gobierno apunta a consolidar un efectivo desmantelamiento de estructuras criminales e integrar a sus miembros a la sociedad, priorizando la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas como elementos fundamentales para la construcción de la paz y estabilidad territorial en Colombia.

Redacción BusinessCol

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