COLOMBIA, Noviembre 16 de 2026. El Gobierno Nacional presenta avances significativos en su estrategia de desmantelamiento de estructuras criminales con la promulgación de la Ley 2640, conocida como Ley de Sometimiento a la Justicia, en sus primeros 100 días de gestión. Sancionada el 4 de noviembre por el Presidente Abelardo De La Espriella, esta legislación establece un marco jurídico para facilitar que actores armados ilegales y organizaciones criminales transiten hacia la vida civil, fortaleciendo a la vez la protección y reparación de las víctimas.
La nueva normativa, publicada en el Diario Oficial número 53.680, modifica y adiciona disposiciones de la Ley 418 de 1997, la Ley de Orden Público, con el fin de proporcionar instrumentos al Estado que combinen la actuación conjunta de la Fuerza Pública y las autoridades judiciales con mecanismos de sometimiento voluntario, ya sea individual o colectivo. El Mandatario destacó la aprobación de la norma con una declaración que marcó un cambio respecto a políticas anteriores: “La falsa paz total llegó a su fin”.
La Ley 2640 implementa un procedimiento dividido en dos fases: una primera etapa administrativa dirigida por el Gobierno Nacional, con una duración máxima de tres meses que puede prorrogarse una vez, y una segunda fase judicial a cargo de las autoridades competentes. Durante la etapa inicial, los delegados gubernamentales reciben las solicitudes de sometimiento y recopilan información exhaustiva sobre las estructuras armadas, incluyendo integrantes, mandos, zonas de influencia, armamento, bienes económicos y actividades ilícitas, así como datos sobre personas desaparecidas o secuestradas y menores reclutados.
En la segunda fase, que compete a la justicia, se determina la responsabilidad individual, se evalúan los aportes a la verdad y la reparación a víctimas, y se establecen las consecuencias penales. Esta separación garantiza que el Ejecutivo gestione la parte administrativa mientras que la Rama Judicial realiza las decisiones en materia penal y de beneficios.
Un aspecto relevante de la Ley es su artículo 16, que contempla rebajas de penas de hasta un 50 % para quienes contribuyan efectivamente a la verdad, la reparación y el desmantelamiento de las organizaciones. Para quienes hayan tenido funciones de mando, la reducción será de un 30 %. Sin embargo, se establecen restricciones más severas para quienes recluten menores tras la entrada en vigencia de esta ley, limitando las rebajas a un 10 % para líderes y 30 % para otros miembros.
El Ministro de Justicia, Iván Cancino, aclaró que esta legislación no contempla negociar estatus políticos ni mesas de negociación con estas organizaciones, ni suspensión de órdenes judiciales o de extradición. El mecanismo está orientado a someter a estos grupos a la Constitución y las leyes, priorizando la justicia y la reparación sobre acuerdos políticos.
La reparación a víctimas es un pilar fundamental de la norma, que ordena crear un programa administrativo para las víctimas del crimen organizado y organizaciones terroristas. Las sentencias condenatorias deberán especificar las obligaciones de reparación, plazos, responsables y mecanismos para verificar su cumplimiento. Además, amplía la participación de las víctimas, garantizando derechos como aportar pruebas, representación jurídica, y protección especial en casos de violencia sexual.
Para acceder a beneficios penales diferenciados, la ley impone siete condiciones estrictas, entre ellas la entrega total de armas, municiones y explosivos; la identificación completa de sus miembros; información sobre personas desaparecidas; la liberación de secuestrados; la cesación de actividades criminales y la contribución a la recuperación ambiental y social de territorios afectados. La ocultación de información sobre desaparecidos implica la revocatoria automática de beneficios.
La Ley 2640 incluye también la estrategia de Transformación Territorial Integral (TTI), destinada a reemplazar economías ilegales por actividades sostenibles mediante la presencia estatal reforzada, oportunidades económicas legales y recuperación de zonas impactadas por la violencia, la minería ilegal y los cultivos ilícitos.
Finalmente, la norma contempla mecanismos para favorecer la reinserción social y económica de quienes se sometan al Estado, bajo la dirección de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN). Estas iniciativas incluyen acceso a educación superior, formación profesional adaptada al mercado laboral a través del SENA, acompañamiento psicosocial, proyectos productivos y rutas de empleabilidad centradas en sectores como la agricultura sostenible, pesca artesanal y ecoturismo.
Con esta legislación, el Gobierno apunta a consolidar un efectivo desmantelamiento de estructuras criminales e integrar a sus miembros a la sociedad, priorizando la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas como elementos fundamentales para la construcción de la paz y estabilidad territorial en Colombia.
Redacción BusinessCol
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