COLOMBIA, Agosto 5 de 2026. La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) lanzó una alerta respecto a la posible escasez de combustibles en Colombia, estableciendo el horizonte crítico para la seguridad del suministro en los próximos años. Según el informe «Combustibles líquidos: pilar de la seguridad energética. Contexto del sector en 2025 y expectativas a 2031», presentado por la ACP, el país deberá aumentar la planificación logística e importaciones para afrontar retos como un cercano Fenómeno de El Niño de gran intensidad y estabilizar el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).
El reporte señala que, ante una severa sequía, el diésel podría llegar a respaldar hasta el 9% de la generación eléctrica nacional, demandando un incremento del 30% respecto al consumo habitual. Esto implica la necesidad de fortalecer las importaciones y la logística para evitar faltantes que impacten el abastecimiento interno.
Cifras clave y comportamiento del sector en 2025
En 2025, la cadena de distribución de derivados del petróleo representó aproximadamente el 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB) y movilizó inversiones por 3,1 billones de pesos en proyectos orientados a expansión y modernización de infraestructura, incluyendo almacenamiento, poliductos y opciones de movilidad sostenible.
Para el año 2026, la ACP proyecta una inversión sectorial de 3,3 billones de pesos, enfocada en la mejora de la calidad de las gasolinas en la Refinería de Barrancabermeja, la entrada en operación de la Terminal de Almacenamiento Operativo (TAO) en el Aeropuerto El Dorado y adecuaciones en plantas mayoristas para optimizar operaciones logísticas.
Según Frank Pearl, presidente de la ACP, “los combustibles líquidos son esenciales para la movilidad, la producción alimentaria, la industria y múltiples servicios; por ello, garantizar su abastecimiento es fortalecer la seguridad energética del país”.
El consumo total de combustibles líquidos en 2025 alcanzó un promedio de 351.000 barriles por día (KBD), con un crecimiento del 0,9% respecto a 2024. La gasolina corriente creció 1,8% anual, mientras la gasolina extra aumentó un 36,3%, motivado por la reducción del diferencial de precio y la mayor penetración de vehículos con motores de alta compresión y sistemas híbridos. El combustible para aviación (jet fuel) se incrementó 3,4%, llegando a 37 KBD, en línea con el récord en pasajeros internacionales (+8%) y transporte aéreo de carga (+9%). Por otro lado, el diésel mostró una contracción del 1,2%, influenciada por la eliminación del subsidio y la disminución del consumo industrial y térmico.
Presiones fiscales y situación del FEPC
El precio de referencia al público para la gasolina motor corriente subió 3% en 2025, mientras que el diésel aumentó 5%. Esto, en un contexto de estabilidad en precios internacionales y tasa de cambio, permitió que el costo fiscal del FEPC se redujera a 3 billones de pesos, un descenso del 63% frente a 2024.
Sin embargo, durante el primer semestre de 2026, el Estado debió subsidiar en promedio 1.500 pesos por galón de gasolina y 8.000 pesos por galón de diésel. Esta dinámica podría ocasionar un déficit acumulado de 6 billones de pesos en el FEPC al cierre del año, si las condiciones persisten.
El informe destaca el Decreto 1428 de 2025, que establece la eliminación focalizada del subsidio al diésel para ciertos vehículos particulares, oficiales y diplomáticos en determinadas ciudades. De los 21,3 millones de vehículos registrados en el RUNT, aproximadamente 1 millón opera con diésel; de estos, cerca de 295.000 se verían afectados por esta medida.
Actualmente, la reducción en beneficios fiscales proyectados por el decreto cayó de 386.700 millones a 134.000 millones de pesos, debido a ajustes en la implementación y la necesidad de controles en estaciones de servicio para evitar distorsiones en el mercado.
Infraestructura y retos en el abastecimiento
Durante 2025, la distribución sufrió impactos por violencia y bloqueos: se registraron más de 580 atentados a oleoductos, con el 74% concentrado en el tramo Caño Limón–Coveñas y 17% en el sistema Bicentenario. La extracción ilegal a través de válvulas afectó principalmente los corredores Pozos Colorados–Galán y Galán–Salgar. Estos hechos generaron costos aproximados de 75.000 millones de pesos en reparaciones.
Adicionalmente, hubo 837 bloqueos en vías principales con un impacto económico global estimado en 2,4 billones de pesos, y 214 eventos en la distribución mayorista que pusieron en riesgo 33 millones de galones de combustible.
Las proyecciones para 2026-2031 consideran un crecimiento promedio anual de la demanda total de 1,6%. Por tipo de combustible, la gasolina corriente aumentaría 1,5% anual, el diésel 1,3% y el jet fuel 3,0%. Actualmente, el 96% del parque automotor depende de combustibles líquidos tradicionales, mientras que vehículos híbridos y eléctricos representan solo el 1% y vehículos a gas natural el 3%.
El Plan Indicativo de Abastecimiento de Combustibles Líquidos (PIACL) de la UPME indica que hacia 2031, las importaciones cubrirán el 50% de la demanda nacional de gasolina corriente básica, el 20% del jet fuel y el 3% del diésel. Esto demanda ampliar la infraestructura de importación, transporte y almacenamiento desde la costa Caribe hacia el interior.
Frank Pearl concluye que «garantizar la seguridad energética requiere decisiones anticipadas, coordinación institucional y regulaciones estables para proteger la movilidad, empleo, competitividad y desarrollo regional, especialmente en el contexto de diversificación de la matriz energética».
La ACP propone la creación de un Centro Nacional de Operación para monitoreo en tiempo real, agilización de trámites regulatorios, mayor apertura para importación y comercialización de jet fuel, almacenamiento estratégico con esquemas remunerados, protección operativa de infraestructura crítica y promoción de biocombustibles sostenibles de aviación y mezclas mayores de etanol.
Redacción BusinessCol
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