COLOMBIA, Agosto 25 de 2026. Tras más de dos años de incertidumbre, la Sala Plena de la Corte Constitucional votará este martes 25 de agosto la aprobación de la reforma pensional impulsada por el gobierno de Gustavo Petro, cuyo trámite había quedado suspendido desde junio del año pasado debido a recusaciones e impedimentos de algunos magistrados. La Ley 2381 de 2024, aprobada inicialmente en el Congreso el 14 de junio de 2024, todavía no ha entrado en vigencia pues la decisión final depende del máximo tribunal del país.
La presidenta de la Corte, magistrada Paola Meneses, presentará la ponencia para la votación junto a nueve autos que abordan aspectos de trámite y aclaraciones jurídicas necesarias para definir el destino de la norma. Sin embargo, el proceso podría extenderse si la votación resulta en empate —la Sala Plena está compuesta por ocho magistrados—, lo que obligaría a designar un conjuez para resolver la controversia y prolongar la discusión por algunas semanas más.
Mario Cajas, director del Centro de Derecho Constitucional de la Universidad Icesi, señaló que es probable que la votación termine con una ventaja de 5 votos contra 3. No obstante, explicó que en las deliberaciones de la Corte suelen cambiar posturas durante el proceso, lo que añade incertidumbre al resultado final. En caso de empate 4-4, se convocaría a un conjuez para desempatar y resolver la situación sin tiempos concretos establecidos para el procedimiento, dada la discrecionalidad que caracteriza a las altas cortes.
Aún cuando se resuelva favorablemente en primera instancia para la reforma, la Corte deberá analizar posteriormente los cargos de fondo presentados por quienes consideran que la norma viola otros principios constitucionales, más allá de los aspectos procesales. Esto apunta a un trámite que podría extenderse en varias fases, manteniendo el sistema pensional en una situación de expectativa.
Por su parte, Andrés Velasco, presidente de Asofondos, afirmó que, en caso de aprobación, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) cumplirán con la implementación operativa del nuevo sistema de manera ordenada. Sin embargo, indicó la necesidad de contar con un plazo razonable para preparar la operatividad, estimando que este debería ser entre dos y seis meses, dentro del cual debe completarse la expedición de las normas reglamentarias complementarias.
Si la Corte declara la inexequibilidad de la reforma, Velasco señaló que varios procesos quedarán sin efecto, aunque aquellos relacionados con la Oportunidad de Traslado, que permitió a trabajadores próximos a pensionarse cambiar de régimen, se mantendrían. Los fondos seguirían entonces operando bajo las reglas vigentes establecidas por la Ley 100 de 1993.
Juan David Correa, presidente de Protección, manifestó respeto por las decisiones de la Corte Constitucional y expresó la esperanza de que esta brinde claridad para el futuro del sistema pensional en Colombia. Resaltó la importancia de avanzar hacia un esquema que mejore la cobertura, equidad y sostenibilidad a largo plazo. Mientras tanto, reforzó el llamado a que las personas continúen cotizando y tomando decisiones basadas en la normativa vigente.
Correa agregó que, independientemente del resultado, Colombia seguirá enfrentando retos estructurales como el envejecimiento poblacional, la informalidad laboral y la necesidad de ampliar la protección social. Protección se comprometió a aportar experiencia técnica y conocimiento para contribuir a soluciones que permitan un sistema pensional más inclusivo y sostenible. Además, destacó la relevancia creciente del ahorro voluntario complementario para enfrentar una etapa de retiro cada vez más prolongada.
En conclusión, la votación del próximo martes 25 de agosto será un momento decisivo para la reforma pensional en Colombia luego de más de dos años de trámites y espera, con amplias implicaciones para la operatividad del sistema y la seguridad social de los colombianos.
Redacción BusinessCol
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