COLOMBIA, Agosto 25 de 2026. El Gobierno nacional anunció la creación de un nuevo estatuto antiterrorista que será presentado ante el Congreso de la República, con el objetivo de establecer una lista nacional de organizaciones terroristas y definir un régimen especial para los grupos que sean incluidos. Este anunció fue realizado por el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, en el marco de la estrategia de seguridad y orden público planteada por el presidente Abelardo De La Espriella.
El ministro Lara explicó que el proyecto busca llenar un vacío en la legislación colombiana, dado que aunque existe el delito de terrorismo, actualmente no hay una definición específica ni un mecanismo para clasificar formalmente a las organizaciones terroristas y aplicar medidas diferenciadas. El estatuto creará un sistema en el que se listarán estas organizaciones y se podrán establecer normas especiales, como disposiciones penitenciarias diferenciadas y agravantes para determinados delitos, además de nuevos instrumentos para que el Estado actúe frente a estas estructuras criminales.
Entre las medidas que contempla el estatuto están regímenes penitenciarios especiales y causales de agravación para delitos cometidos por integrantes de organizaciones terroristas, reforzando así el accionar legal del Estado contra estas estructuras cuyo riesgo criminal es elevado. Asimismo, se incluirán regulaciones dirigidas a combatir actividades económicas ilícitas vinculadas a estas organizaciones, como la minería criminal catalogada como «gran minería ilegal» o «gran minería criminal ligada a organizaciones terroristas».
Aunque el ministro Lara evitó detallar cuáles organizaciones serán formalmente incluidas una vez se establezca la lista, confirmó que el Gobierno considera actualmente como terroristas a las disidencias de las Farc, el Eln y la Segunda Marquetalia. De acuerdo con el funcionario, la iniciativa busca que la clasificación conduzca a consecuencias jurídicas específicas, superando así meras denominaciones políticas o de seguridad.
Paralelamente, el ministro del Interior aclaró que los operativos contra migrantes estarán dirigidos exclusivamente a extranjeros en situación irregular y a las redes criminales que se lucran con el tráfico y la trata de personas. Reiteró que estas acciones no afectarán a los venezolanos que ingresaron legalmente en Colombia durante los años más críticos de la crisis migratoria entre 2019 y 2021, quienes en su mayoría cuentan con permiso de protección temporal y se han integrado al país.
El enfoque de los operativos se concentrará en aquellas redes que operan en pasos irregulares como el tránsito por el Tapón del Darién. El ministro destacó que una parte de los migrantes venezolanos ya ha retornado a su país, mientras que otros permanecen con estatus regular en Colombia, por lo que no serán objeto de estas acciones.
Estas medidas conforman la estrategia del Gobierno para fortalecer la seguridad nacional a través de herramientas legales que permitan enfrentar con mayor eficacia a las organizaciones armadas ilegales y las redes criminales asociadas, asegurando a la vez un trato diferenciado para migrantes en condición regular, en cumplimiento de los derechos humanos y la legalidad vigente.
Ahora, el proyecto del estatuto antiterrorista deberá ser sometido al Congreso, donde se definirán los detalles finales, incluyendo los criterios para incluir a organizaciones en la lista, el alcance y las normas especiales para combatir eficazmente las amenazas a la seguridad colombiana.
Redacción BusinessCol
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