COLOMBIA, Septiembre 11 de 2026. El Departamento Nacional de Planeación (DNP) publicó el Auto judicial fechado el 21 de agosto de 2026, mediante el cual se admitió una acción popular promovida por Rodrigo Pombo Cajiao y Sandra Forero Ramírez, contra la Nación – Presidencia de la República, varios ministerios, el DNP y otras entidades, según orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera.
La demanda registrada con radicación 25000-23-41-000-2026-01249-00 busca proteger derechos colectivos vinculados al equilibrio ecológico, el manejo racional de recursos naturales, el goce del espacio público, y la salubridad pública, entre otros aspectos. Adicionalmente, la petición incluye la protección frente a la realización ordenada de construcciones y edificaciones, así como la defensa de la moralidad administrativa.
Los accionantes argumentan que la presunta amenaza o vulneración de estos derechos estaría ligada a la expedición, aplicación y proyección de diversos actos administrativos que involucran reservas temporales de recursos naturales, Zonas y Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (ZPPA y APPA), Territorios Campesinos Agroalimentarios (TECAM), Zonas de Reserva Campesina y determinantes de ordenamiento territorial.
Según la demanda, estas actuaciones habrían provocado una superposición de instrumentos territoriales, afectación de las competencias de las entidades territoriales, inseguridad jurídica y riesgos para la adecuada planificación y gestión ambiental, rural y urbana del país.
El DNP fue incluido como entidad accionada debido a sus competencias relacionadas con el Decreto 0381 de 2026, que regula el procedimiento para expedir determinantes de ordenamiento territorial y la gestión de la información asociada. La publicación de los documentos vinculados a esta acción popular se realizó siguiendo lo ordenado por la justicia, buscando garantizar la transparencia y el acceso a la información para la ciudadanía.
La admisión de esta acción popular evidencia la complejidad y sensibilidad de los temas ambientales y territoriales en Colombia, especialmente en lo que respecta a la coexistencia de diversos instrumentos normativos y agropecuarios que buscan garantizar la protección del medio ambiente y el desarrollo rural sostenible.
La demanda pone en relieve la importancia de una coordinación más efectiva entre las entidades nacionales y territoriales para evitar duplicidades, conflictos y problemas jurídicos que podrían afectar el desarrollo ordenado y sostenible de los territorios. Además, la situación resalta la necesidad de fortalecer los procesos de planeación y gestión ambiental con criterios claros y consensuados entre las partes involucradas.
Esta acción popular suma a los esfuerzos de vigilancia ciudadana sobre la gestión pública en temas que impactan directamente en los derechos colectivos, el uso racional de los recursos naturales y el bienestar de las comunidades afectadas por decisiones en materia de ordenamiento territorial y protección ambiental.
El Departamento Nacional de Planeación, como entidad pública estratega en materia de desarrollo y ordenamiento del territorio nacional, reiteró su compromiso con la transparencia y con la participación ciudadana, facilitando el acceso a la información judicial y administrativa relacionada con este proceso.
Para consultar los documentos oficiales, los interesados pueden acceder al Auto admisorio del 21 de agosto de 2026, a la demanda y al Decreto 0381 de 2026, los cuales están disponibles para su revisión pública, en concordancia con la disposición del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Este desarrollo legal configura un paso importante en el entorno institucional nacional para la protección de derechos colectivos y el manejo adecuado del territorio en Colombia, así como para generar precedentes en la gestión de acciones judiciales en materia ambiental y territorial.
Redacción BusinessCol
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