COLOMBIA, Agosto 31 de 2026. El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella ha impulsado una reforma significativa en las normas de contratación educativa vigente en Colombia, específicamente en el Ministerio de Educación, con un proyecto de decreto que reforma veintiún artículos del Decreto 1075 de 2015, por primera vez en más de una década.
Este cambio normativo busca clarificar y separar dos modalidades distintas de prestación del servicio educativo en los niveles de preescolar, básica y media por parte de las entidades territoriales certificadas: la administración de colegios oficiales por terceros y la prestación del servicio educativo en nombre propio por parte de privados. Hasta ahora, ambas modalidades se encontraban reguladas bajo una misma lógica, dificultando la gestión y control del sistema.
El proyecto, que se encuentra en consulta pública, introduce definiciones precisas para cada figura. En particular, el artículo 2.3.1.3.4.1 establece que la administración por terceros no implica la sustitución de la entidad territorial certificada, que sigue siendo la prestadora directa del servicio educativo, y elimina la posibilidad de que los contratistas administren colegios bajo su propio Proyecto Educativo Institucional.
Asimismo, la reforma modifica los requisitos para justificar contratos con terceros. El trámite de insuficiencia y limitaciones, que hasta ahora era obligatorio para todo tipo de contratos, quedaría restringido a aquellos de prestación directa, mientras que para la administración se permitirán sustentar la contratación con otros análisis, flexibilizando los procesos administrativos.
El texto también amplía los criterios para los proponentes que buscan administrar colegios oficiales, aceptando experiencia tanto en administración como en la prestación directa del servicio educativo. Un cambio fundamental es que la prestación del servicio educativo permanecerá bajo la responsabilidad directa de la entidad territorial certificada, y no bajo la exclusiva responsabilidad del contratista como ocurría anteriormente.
Inclusión de iglesias y jornada única
La nueva reglamentación reubica los contratos con iglesias y confesiones religiosas dentro de la categoría de apoyo a la administración escolar, manteniendo el esquema en el que la entidad territorial aporta infraestructura y personal docente, y la organización religiosa complementa con acompañamiento pedagógico para el Proyecto Educativo Comunitario o Institucional, sin sustituir la función estatal.
Además, el proyecto incorpora la jornada única como un principio nuevo para orientar la contratación, exigiendo que las entidades territoriales dispongan de la infraestructura y planta docente necesarias para garantizar su implementación. Este criterio también se integra a los estudios de insuficiencia para justificar contratos, considerando las necesidades particulares de cada territorio.
Reacciones y perspectivas
La propuesta ha generado inquietudes y debates. La Federación Colombiana de Educadores, Fecode, calificó la iniciativa como un «decretazo» que podría afectar la histórica separación entre Iglesia y Estado en la educación pública, mientras que el exviceministro Ricardo Moreno Patiño manifestó que la reforma representa un riesgo de nuevas formas de privatización al trasladar funciones sustantivas a particulares sin perder la responsabilidad estatal.
Por su parte, la ministra de Educación, Viviane Morales, defendió el proyecto afirmando que no implica privatización, sino más bien introduce precisiones jurídicas y herramientas de gestión para que las entidades territoriales puedan administrar de manera más clara y eficiente. Morales también recordó que la colaboración con organizaciones religiosas se ejerce desde hace más de treinta años y ha sido avalada por la Corte Constitucional. Asimismo, citó ejemplos de colegios en administración en Bogotá que evidencian resultados positivos en indicadores como la permanencia estudiantil y el desempeño en las pruebas Saber Once.
El proyecto continúa abierto a comentarios de la ciudadanía antes de su posible expedición definitiva, por lo que aún podrían realizarse ajustes en función del análisis y el debate público.
Esta iniciativa representa un reto y una oportunidad para modernizar la gestión educativa en Colombia, procurando fortalecer el control estatal y aclarar la responsabilidad en la prestación del servicio mientras se atienden las necesidades y particularidades territoriales en la educación pública.
Redacción BusinessCol
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