COLOMBIA, Agosto 31 de 2026. La crisis financiera en las Empresas Promotoras de Salud (EPS) intervenidas persiste con indicadores preocupantes, según reveló el informe de la Contraloría General de la República correspondiente a 2025. A pesar de las medidas administrativas adoptadas durante la intervención, las EPS analizadas mantienen un patrimonio negativo, un elevado endeudamiento y pérdidas operacionales que ponen en duda la posibilidad de una recuperación total y sostenible.
El informe señala que ninguno de los entes intervenidos logró revertir el deterioro patrimonial durante el 2025. Estas entidades se mantienen en un nivel crítico bajo la metodología Fénix, que mide la salud financiera, consolidando una condición de insolvencia estructural por la acumulación de pérdidas que superan ampliamente los recursos propios.
En cuanto al indicador de endeudamiento, la Contraloría informó que todas las EPS intervenidas permanecen por encima del límite máximo establecido por Fénix, fijado en 1.0. Esto evidencia una estructura financiera altamente riesgosa y una fuerte dependencia de recursos de terceros para su operación. Particularmente grave es el caso de Savia Salud, cuyo nivel de endeudamiento aumentó de 9.23 en 2024 a 11.73 en 2025, reflejando que sus pasivos superan más de once veces el valor de sus activos.
La operación diaria tampoco muestra signos de mejoría. Las EPS continúan registrando pérdidas derivadas de su actividad ordinaria, sin alcanzar los niveles mínimos para considerarse financieramente aceptables. Aunque algunas entidades lograron reducir parcialmente sus pérdidas operacionales, como Asmet Salud, Capresoca, Famisanar y SOS, estos ajustes no fueron suficientes para llegar a la rentabilidad. Por otro lado, entidades como Coosalud y Emssanar evidenciaron un empeoramiento en sus resultados.
Los números en términos absolutos también son alarmantes. Coosalud reportó una pérdida operacional de 2,34 billones de pesos en 2025; Famisanar, 684.430 millones; Emssanar, 388.209 millones; y Savia Salud, 390.716 millones. En total, la utilidad operacional consolidada para las EPS que reportaron información fue negativa en aproximadamente 5,74 billones de pesos, con 17 de las 26 entidades (65%) presentando pérdidas operativas durante el año revisado.
De forma complementaria, la siniestralidad, que mide el gasto en servicios médicos frente a los ingresos, muestra una presión financiera considerable. Coosalud alcanzó un 133% de siniestralidad, incrementando respecto al 117% de 2024. Emssanar, Famisanar, Savia Salud, Asmet Salud y SOS también presentan indicadores superiores al 100%, con una siniestralidad promedio de 110% en las EPS analizadas. Esto refleja un desequilibrio entre los costos y los ingresos financieros que agrava la crisis del sector.
El endeudamiento acumulado evidencia un crecimiento sostenido, con una cifra que aumentó de 45,89 billones de pesos en 2024 a 58,06 billones en 2025, lo que corresponde a un incremento del 26,5%. De ese monto, 47,9 billones están concentrados en las EPS intervenidas, lo que representa el 82,65% de la deuda total del sector. La Contraloría alertó sobre el riesgo que este crecimiento representa para la liquidez de las instituciones prestadoras de salud (IPS) y la sostenibilidad financiera del sistema de salud en Colombia.
El sector farmacéutico tampoco muestra alivio. La deuda con operadores farmacéuticos aumentó de 2,85 billones a 3,80 billones de pesos entre 2024 y 2025, mientras que los pagos efectuados durante el año fueron del 95,40% del valor facturado. A pesar de estos desembolsos, persisten saldos importantes de cuentas por pagar, principalmente generadas en 2025, lo que pone en riesgo el abastecimiento continuo de medicamentos y tecnologías para la salud.
Adicionalmente, la Contraloría puso de manifiesto una limitación importante en el análisis: Nueva EPS, la entidad con mayor número de afiliados en el sistema, no presentó estados financieros certificados al cierre del ejercicio, impidiendo la evaluación completa de su situación financiera. Esta ausencia compromete un análisis integral de la efectividad de las medidas adoptadas en una de las principales EPS del país.
Por último, la Contraloría advierte que solo cuatro EPS —Aliansalud, Anas Wayúu, EPM y Salud Mía— cumplieron con las condiciones financieras y de solvencia exigidas al finalizar 2025, representando apenas 641.713 afiliados. Esto implica que el 98,76% de la población asegurada se encuentra en EPS que incumplen uno o más parámetros financieros, lo que genera un riesgo considerable para la sostenibilidad del sistema y para el flujo oportuno de recursos hacia la red prestadora de servicios de salud.
En conclusión, la evaluación del organismo de control plantea un panorama inquietante sobre la salud financiera de las EPS intervenidas, indicando que las estrategias implementadas hasta ahora no han logrado revertir las condiciones críticas que afectan su operatividad ni la garantía efectiva de los servicios a los afiliados.
Redacción BusinessCol
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