COLOMBIA, Julio 2 de 2026. El ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez, ha revelado que el gobierno entrante, liderado por el presidente electo Abelardo De La Espriella, está evaluando la posible derogatoria de varios decretos relacionados con traslados pensionales y límites a las inversiones de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Estos decretos han generado incertidumbre en el marco de la revisión pendiente de la reforma pensional ante la Corte Constitucional, y en medio del plazo para la ventana de traslado pensional que vence el próximo 16 de julio.
Durante una entrevista con Portafolio, Gómez explicó que algunas de las medidas, en especial aquellas que contemplan que los fondos deben repatriar las inversiones hechas en el exterior, podrían ocasionar pérdidas para los afiliados en los fondos de pensiones. «La idea de traer los recursos que los fondos de pensiones tienen invertidos en el exterior es una trampa muy compleja», señaló el ministro, argumentando que una venta forzada de esos activos podría hacerse en condiciones desfavorables y reflejarse en pérdidas para los ahorradores.
El ministro dejó claro que las inversiones del exterior fueron constituidas legalmente, por lo que obligar a liquidarlas podría resultar contraproducente. «Si los fondos se ven obligados a liquidar estas inversiones que tienen en el exterior, si salen y las venden, naturalmente las van a tener que vender a pérdida», precisó.
Ante esta perspectiva, Gómez enfatizó que el riesgo de pérdida recaería únicamente en los afiliados y no en las administradoras de pensiones. Por lo tanto, el valor de los portafolios de los ahorradores reflejaría esa caída, generando un impacto negativo sobre su patrimonio pensional. Para el ministro, trasladar este riesgo a los afiliados es una decisión innecesaria que debe ser reconsiderada.
Otro aspecto analizado por Gómez fue el supuesto propósito del retorno de esos recursos a Colombia: financiar el gasto público a través de deuda del Estado. Explicó que el gobierno busca que ese capital quede dentro de la economía colombiana para que pueda ser prestado al Estado, alimentando así el déficit fiscal y el aumento del gasto público. Sobre este punto, el ministro aclaró que “el problema no está en que los fondos de pensiones inviertan en deuda pública, sino en que ese no debería ser el objetivo principal de las medidas sobre los portafolios pensionales.”
Finalmente, Miguel Gómez confirmó que, considerando los riesgos y las implicaciones para los afiliados, el nuevo gobierno está en discusión interna sobre la derogatoria de estos decretos, y calificó las medidas actuales como inconvenientes. Esta decisión se da en un contexto de revisiones y debates sobre el sistema pensional y en espera de un pronunciamiento de la Corte Constitucional respecto a la reforma en curso.
El vencimiento próximo de la ventana de traslado pensional y la revisión de normas como las que regulan topes de inversión o el deslizamiento salarial hacen que la atención esté puesta en estos decretos y su posible cambio o derogatoria. Este escenario es de especial interés para los afiliados a los fondos privados, para el sistema pensional y para la estabilidad financiera nacional en el mediano plazo.
La posición del ministro Gómez y el gobierno de Abelardo De La Espriella marcan un claro giro en la política pensional que puede influir en cómo se gestionan las inversiones de las AFP y proteger los derechos de los ahorradores, evitando riesgos financieros innecesarios.
Redacción BusinessCol
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