COLOMBIA, Julio 13 de 2026. El gobierno del presidente electo Abelardo De la Espriella ha iniciado un proceso de revisión y denuncia judicial contra la filial de Ecopetrol, Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S., por presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato de asesoría jurídica cuyo valor supera los 23.600 millones de pesos.
El expediente presentado ante la Fiscalía General de la Nación sustenta la denuncia que incluye la posible comisión de tres delitos: contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado culposo. Esta acción penal fue liderada por Germán Calderón España, a nombre del denominado Equipo Dorado Anticorrupción del gobierno entrante.
Según la denuncia, el contrato número 8000009732 fue adjudicado el 22 de diciembre de 2024 a la firma GESYCOBRO S.A.S. por un monto de 23.663.275.633 pesos, cifra que excede la oferta inicial cercana a 21.108 millones. El informe cuestiona la falta de justificación adecuada para este aumento en el valor y destaca que la adjudicación se realizó por encima de otras cotizaciones presentadas por firmas con mayor trayectoria en el sector de hidrocarburos y energía.
El documento también pone en duda la idoneidad del contratista seleccionado, resaltando que GESYCOBRO S.A.S. presentaba un capital social de apenas 117 millones de pesos y que su experiencia previa estaba mayormente relacionada con actividades de cobranza, sin demostrar competencias específicas en las áreas jurídicas especializadas requeridas por Cenit para el contrato señalado.
Además, se evidencian posibles vínculos entre miembros del equipo jurídico de GESYCOBRO y el departamento del Huila, así como con el entonces vicepresidente jurídico de Cenit, Jorge Dilson Murcia Olaya, quien junto con el presidente de Cenit, Alexander Cadena Montezuma, son individuos señalados para investigación en este expediente.
Como respaldo a la denuncia, el equipo del gobierno de De la Espriella ha incorporado un informe de auditoría forense, diferentes contratos, publicaciones periodísticas y referencias a informes de la Contraloría General de la República, que previamente había señalado la necesidad de mantener una vigilancia estricta sobre la contratación y gestión de riesgos en Cenit, dada su importancia estratégica en el sector minero-energético.
Entre las peticiones al ente investigador figuran la práctica de interrogatorios a las personas mencionadas, así como la incorporación de los estatutos de Cenit, los informes y advertencias de la Contraloría, y demás publicaciones que respalden la investigación que se busca adelantar.
Con esta denuncia, el gobierno entrante reafirma su compromiso con la lucha contra la corrupción y la transparencia en la gestión pública, iniciando investigaciones sobre contratos y procesos que consideran podrían contener irregularidades durante la administración anterior.
El argumento central plantea que la adjudicación y ejecución del contrato podrían haberse realizado sin el debido cumplimiento de los requisitos legales y con posibles conflictos de interés, por lo que la Fiscalía deberá determinar la responsabilidad de las personas y entidades involucradas en un proceso que reviste gran importancia para el manejo de recursos públicos y la confianza del sector minero-energético en Colombia.
Por ahora, Ecopetrol y Cenit no se han pronunciado oficialmente sobre la denuncia presentada, y será el Ministerio Público quien definirá los siguientes pasos en esta investigación que ha puesto en el ojo del huracán a la filial de la empresa estatal.
Esta acción se enmarca dentro de un fuerte proceso de control y seguimiento que viene desarrollando el nuevo gobierno para identificar posibles irregularidades administrativas y penales en diferentes dependencias, en cumplimiento de las promesas electorales relacionadas con la lucha contra la corrupción.
Redacción BusinessCol
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