COLOMBIA, September 18 de 2026. El gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, a través de una iniciativa legislativa presentada por el Centro Democrático, busca obtener facultades extraordinarias por seis meses para eliminar, fusionar o modificar ministerios y entidades adscritas sin la necesidad de un trámite parlamentario independiente para cada cambio. La propuesta pretende facilitar una reorganización administrativa que contribuya a la reducción del gasto público y a una estructura estatal más eficiente.
El proyecto de ley fue radicado por la senadora Julia Correa y el representante Juan Caicedo, quienes explicaron que esta herramienta permitiría al Ejecutivo realizar dichas modificaciones con mayor agilidad. «Acabamos de radicar el proyecto de ley para darle facultades extraordinarias al presidente para que pueda eliminar, fusionar o modificar ministerios y las entidades que dependen de ellos», afirmó Correa.
Según los promotores, la reorganización podría generar ahorros de hasta el 2% del producto interno bruto (PIB), lo que en términos monetarios equivaldría aproximadamente a 42 billones de pesos. Caicedo agregó que estos ahorros beneficiarían la gestión fiscal del Estado y podrían apoyar los esfuerzos del gobierno para reducir la carga impositiva en el país.
La iniciativa coincide con los planes expresados por la administración De La Espriella de reducir el número de ministerios de 18 a 13, dentro de una estrategia institucional para disminuir el tamaño del Estado y optimizar su funcionamiento. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, ha manifestado que la racionalización de la estructura estatal es una de las vías para generar ahorros significativos en las cuentas públicas.
Es importante destacar que para que el presidente pueda ejercer estas facultades extraordinarias, el proyecto debe ser aprobado por el Congreso. La Constitución colombiana permite conceder esta clase de competencias al Ejecutivo por un periodo determinado y sobre materias específicas.
El marco temporal planteado en el proyecto es de seis meses para que se adelanten las modificaciones propuestas, un procedimiento que recuerda la Ley 790 de 2002, promulgada en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. Esa norma otorgó también facultades extraordinarias para reorganizar entidades públicas y transformó la estructura ministerial, pasando de 16 a 13 carteras. Entre los cambios de entonces estuvieron la unión de los ministerios de Interior y Justicia, y de Trabajo y Salud, que dieron origen al Ministerio de la Protección Social.
Esta nueva iniciativa abre un debate relevante sobre la reforma del sector público en Colombia y cómo armonizar la necesidad de eficiencia con los procesos democráticos y de control que tienen las modificaciones estructurales en el país. Además, la propuesta busca contribuir a los objetivos económicos del Gobierno relacionados con la reducción del gasto y la promoción de un entorno más favorable para la inversión y el crecimiento.
Redacción BusinessCol
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