COLOMBIA, Julio 1 de 2026. La economía colombiana experimenta una paradoja en relación con el cultivo de hoja de coca, que cada vez pesa más en el Producto Interno Bruto (PIB) nacional, pero cuyas rentas generadas permanecen en la ilegalidad. Un reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) junto con análisis académicos de universidades colombianas evidencian el crecimiento sin precedentes del sector cocalero y su relevancia en la dinámica económica del país para el año 2024.
El informe de la UNODC señaló que la extensión de los cultivos de coca alcanzó en 2024 un máximo histórico de 261.000 hectáreas, cifra que representa un aumento del 3,5 % con respecto a 2023, y es comparable a cerca de un tercio del área sembrada con café o maíz. Este crecimiento sostenido desde 2014 consolida al cultivo ilegal como un actor económico de alta incidencia territorial y productiva.
Desde el punto de vista económico, el centro de estudios Valor Público de la Universidad EAFIT reportó que la economía ligada a la producción y tráfico de cocaína en 2024 representó el 4,4 % del PIB colombiano, un volumen cinco veces mayor que la contribución de la minería ilegal del oro, que apenas llega al 1 %. Este incremento histórico no está impulsado por el alza en precios —que permanecen estables— sino por un aumento significativo en el volumen producido, alcanzando una producción potencial récord estimada en 3.001 toneladas de cocaína pura.
El auge de esta economía ilegal también se refleja en las rentas criminales, que para 2024 superaron las que generan las exportaciones legales tradicionales. Mientras el petróleo, principal generador de divisas para Colombia, produjo alrededor de 15.000 millones de dólares, las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico generaron ingresos por unos 16.500 millones de dólares, superando además a sectores claves como el carbón, el oro y el café.
Este informe señala que las organizaciones criminales nacionales han conseguido capturar mayor valor a lo largo de la cadena del narcotráfico, reteniendo la propiedad de los cargamentos más allá de las fronteras colombianas. El precio ponderado por kilogramo de cocaína se estima en cerca de 5.920 dólares, consolidando así el fenómeno de concentración de ganancias en los eslabones superiores de la cadena ilegal.
Paralelamente, un estudio de la Universidad de los Andes analizó la doble cara del impacto del cultivo de coca entre 2014 y 2019. Por un lado, el aumento de esta economía ilegal potenció el crecimiento económico de municipios afectados, incrementando el PIB municipal entre un 2,5 % y un 3,1 % en cinco años. Este efecto multiplicador también dinamizó sectores como comercio, restaurantes y servicios en regiones donde la economía formal es limitada.
Sin embargo, esta liquidez generada por el cultivo no se tradujo en mayores ingresos fiscales ni fortalecimiento de la economía formal estatal, pues la riqueza asociada circula casi exclusivamente en circuitos informales y no contribuye al recaudo de impuestos para financiar bienes públicos a largo plazo.
En materia ambiental, la expansión del cultivo de coca tuvo un efecto devastador: la deforestación se incrementó en un 104 % en municipios con auge cocalero durante el período estudiado. Aunque no hubo un desplazamiento significativo de cultivos legales hacia la coca, sí se evidenció la transformación indirecta de territorios, especialmente en la Amazonía colombiana, donde la conversión de cultivos de coca hacia pastos para ganadería aumentó en un 302 %, revelando la influencia del narcotráfico en la expansión de la frontera agropecuaria en ecosistemas estratégicos.
Contrario a expectativas sobre la violencia, el estudio no identificó un aumento general en homicidios o presencia de grupos armados vinculado al auge cocalero entre 2014 y 2019. Sin embargo, sí hubo un preocupante incremento en asesinatos de líderes sociales a partir de 2017, reflejando la persecución selectiva hacia quienes impulsan la transición hacia la legalidad y los programas de sustitución de cultivos ilícitos.
Este análisis conjunto pone en evidencia el complejísimo desafío que enfrenta Colombia para abordar la economía de la coca. Por un lado, el sector genera un impacto económico creciente en territorios marginados y en el PIB nacional, pero con altos costos sociales, ambientales y la perpetuación de dinámicas ilegales. Al mismo tiempo, el Estado recibe escasos beneficios fiscales y enfrenta limitaciones para traducir esta expansión ilícita en desarrollo sostenible, legalidad y bienestar para las comunidades.
En conclusión, el balance de la coca en la economía colombiana es una paradoja que exige estrategias multidimensionales que combinen control, sustitución efectiva, desarrollo rural y fortalecimiento institucional para que el progreso económico asociado deje de ser exclusivo de estructuras ilegales y se convierta en motor legítimo y sostenible para el país.
Redacción BusinessCol
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