COLOMBIA, Julio 8 de 2026. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) impulsa una nueva visión estratégica para las zonas francas en Colombia, orientada a fortalecer la inversión, promover la Economía Popular y dinamizar el desarrollo regional. Actualmente, el país cuenta con 112 zonas francas en operación, que han atraído inversiones superiores a $57 billones y generado más de 198.415 empleos, consolidándose como motores clave para la competitividad y la internacionalización de la economía nacional.
Durante el reciente Foro Nacional de Zonas Francas 2026, el MinCIT destacó el avance del régimen franco, que con el Decreto 1317 de 2025 incorporó por primera vez la Economía Popular dentro de su estrategia de desarrollo productivo. Esta inclusión busca conectar a pequeños productores, asociaciones campesinas y unidades productivas locales con las dinámicas empresariales y comerciales, facilitando su participación en cadenas de valor más amplias y acceso a nuevos mercados.
La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas, señaló que las zonas francas no solo mantendrán su rol como generadoras de empleo, exportaciones e inversión, sino que también se convertirán en puentes para que miles de unidades productivas populares accedan a nuevas oportunidades de desarrollo. Este enfoque demuestra el interés del Gobierno en generar un crecimiento inclusivo que integre la productividad con la Economía Popular para beneficiar a amplios sectores sociales.
Las cifras reflejan la relevancia de este instrumento. En 2025 se declararon 10 nuevas zonas francas con compromisos de inversión cercanos a $1 billón y la generación de 918 empleos. Asimismo, 53 prórrogas de zonas francas vigentes sumaron compromisos por más de $3 billones y la creación de 2.300 puestos laborales, lo que evidencia la confianza del sector empresarial en estos regímenes.
El MinCIT ha promovido espacios de articulación entre empresarios, operadores de zonas francas, organizaciones productivas y entidades públicas, buscando fortalecer la inclusión económica y fomentar el desarrollo en los territorios. Ejemplo de ello es la colaboración con SCM Consultants y la futura Zona Franca Permanente Especial EP–Caribe Global en Córdoba, donde se impulsa la competitividad y la integración productiva en la región Caribe, vinculando emprendedores y productores rurales con cadenas de valor de mayor escala.
En el marco del foro celebrado, la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) respaldó la participación de 14 asociaciones campesinas de diferentes departamentos, que representan a más de 10.000 productores. Estas agrupaciones exhibieron productos frescos y transformados, como arándanos, uchuva, mango, panela, cacao y café, entre otros, en diversos mercados internacionales incluyendo Asia, Europa y Canadá.
César Augusto Pachón Achury, presidente de la ADR, destacó la capacidad del campo colombiano para conectarse con mercados nacionales e internacionales y fortalecer la agroindustria. Esta articulación contribuye a consolidar oportunidades comerciales y encadenamientos productivos que benefician a las comunidades rurales y a la economía nacional.
Un caso ilustrativo es el de RAÍZ Caribe, una asociación productiva del departamento de Sucre que durante el foro logró fortalecer alianzas estratégicas para expandir su presencia comercial. La asociación fue invitada a participar en ALIMENTEC 2026, uno de los escenarios más importantes para la industria agroalimentaria en América Latina, y estableció vínculos con zonas francas de Ipiales, Cartagena, Cundinamarca y Ecuador para facilitar la comercialización y el acceso a nuevos mercados.
Además, se establecieron acercamientos con grandes cadenas de distribución como el Grupo Éxito para incluir productos rurales en sus canales comerciales, mostrando cómo la sinergia entre zonas francas, productores rurales y economía popular puede traducirse en oportunidades concretas de negocio y desarrollo regional.
En definitiva, la nueva visión de las zonas francas va más allá de la atracción de inversión y generación de empleo, consolidándose como plataformas para promover encadenamientos productivos, inclusión económica y sostenibilidad territorial. La articulación entre actores públicos y privados reafirma el potencial de estos regímenes como herramientas estratégicas para impulsar la reindustrialización, la competitividad y el bienestar socioeconómico en Colombia.
Redacción BusinessCol
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