COLOMBIA, Julio 28 de 2026. El Ministerio de Justicia y del Derecho dio a conocer este lunes durante su Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2022-2026 los principales logros alcanzados bajo el gobierno del presidente Gustavo Petro, destacando transformaciones en el acceso a la justicia, la lucha contra el crimen organizado, la inclusión social y la consolidación de políticas de largo plazo para el sistema judicial colombiano.
Mediante la estrategia “Justicia para la Gente”, el Ministerio amplió sustancialmente el acceso a servicios judiciales para millones de ciudadanos. Solo en Casas de Justicia y Centros de Convivencia Ciudadana, se realizaron más de 4,5 millones de gestiones, cifra que representa un aumento del 60 % respecto al período anterior. Además, cerca de 5.000 personas fueron atendidas en jornadas móviles y aproximadamente 18.000 participaron en procesos de conciliación, acercando la justicia a territorios y comunidades vulnerables.
La ministra de Justicia, Cielo Rusinque Urrego, enfatizó el propósito de superar la histórica desigualdad en el acceso a la justicia, asegurando que este derecho debe estar al alcance de todos los colombianos. “Así como Colombia avanzó en la reducción de la pobreza y la desigualdad, desde el Ministerio trabajamos para cerrar una deuda histórica: que la justicia deje de ser un privilegio y se convierta en un derecho real para todas las personas”, afirmó durante la presentación realizada en la Universidad Externado de Colombia.
Un aspecto relevante ha sido el fortalecimiento de la cooperación judicial internacional. De agosto de 2022 a julio de 2026 se ejecutaron 930 extradiciones, principalmente por delitos como narcotráfico y lavado de activos, con Estados Unidos como principal socio receptor, concentrando 602 de estos procesos. La promulgación de la Ley 2592 de 2026 (PEIMAR) ha ampliado las capacidades del Estado para combatir economías ilícitas, especialmente en zonas marítimas y costeras.
En materia de política de drogas, el Ministerio implementó la primera Política Nacional orientada a la protección de la vida y el apoyo a comunidades afectadas por este fenómeno. Esta política, conocida como Política del «Oxígeno» a la vida, ha beneficiado a más de 200.000 personas a través de proyectos productivos y sociales con una inversión superior a $52.000 millones. Paralelamente, se reportó la incautación de más de 3.275 toneladas de cocaína en todo el país, y se entregó una hoja de ruta conjunta con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para mejorar la medición de la Producción Potencial de Cocaína.
El gobierno también avanzó en justicia social con la Ley 2292 de 2023, que implementa medidas restaurativas para más de 270 mujeres condenadas por delitos menores, reduciendo la separación familiar y el hacinamiento carcelario. En cumplimiento de los Acuerdos de Paz, la Jurisdicción Agraria quedó consagrada en la Constitución mediante la Ley Estatutaria 2570 de 2026, garantizando acceso a jueces especializados para más de 2,3 millones de pobladores rurales en solución de conflictos relacionados con la tierra.
Por otra parte, el Decreto 0063 del 26 de enero de 2026, conocido como Decreto de Mujeres Buscadoras, atiende a más de 300.000 mujeres que buscan a sus familiares desaparecidos, concretando una atención restaurativa en el Sistema Integral para la Paz. Con apoyo de la UNODC, se creó la primera Bolsa de Recursos para financiar proyectos restaurativos, dotada con $2.500 millones para 2025.
El Ministerio dio también un paso significativo en la humanización del sistema penitenciario con la implementación del CONPES 4157 de 2025, que incluye una inversión histórica de $4,4 billones y un plan de 122 acciones interinstitucionales dirigido a mejorar las condiciones y promover la resocialización hasta 2033.
Se promovieron medidas para garantizar una justicia con enfoque diferencial e inclusivo para poblaciones vulnerables, mediante el Decreto No Binario 0732 de 2026, el Protocolo Sin Barreras para personas con discapacidad, y herramientas como la Guía para la Valoración del Riesgo Feminicida y el programa ‘No es Hora de Callar’, desarrollado en colaboración con la periodista Jineth Bedoya.
Finalmente, el Ministerio presentó bases fundamentales para una reforma integral de la justicia, con miras al 2038, articulando esfuerzos con el Departamento Nacional de Planeación y entidades estatales para enfrentar retos como la congestión judicial, la impunidad y las dificultades en el acceso a este derecho. La ministra Rusinque destacó que esta gestión entrega un legado que transforma la justicia en Colombia, acercándola a todos los ciudadanos y fortaleciendo derechos fundamentales para construir una sociedad más equitativa e incluyente.
Redacción BusinessCol
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