COLOMBIA, Julio 9 de 2026. La Nueva EPS enfrenta un complejo escenario financiero al inicio del nuevo mandato, con pérdidas que alcanzaron los 4,8 billones de pesos durante 2024 y una deuda total superior a los 22,5 billones. Este panorama pone en evidencia los desafíos estructurales de la entidad, especialmente ante la magnitud de las cuentas por cobrar y los compromisos financieros pendientes, donde el Estado colombiano figura como el principal deudor.
Según el balance oficial, la Nueva EPS reporta cuentas por cobrar por 9,51 billones de pesos, equivalentes a cerca del 90 % de sus activos totales, un porcentaje significativo que refleja la dependencia del flujo financiero estatal para cumplir con sus obligaciones. La mayoría corresponden a recursos que debe girar el Estado a través de la Administradora de los Recursos del Sistema de Salud (ADRES), entidad responsable del manejo de fondos.
Dentro de estas cifras, 5,49 billones se registran bajo la cuenta denominada «Deudores del Sistema», donde la ADRES es deudora directa además de 1,14 billones pendientes por recobros de servicios y tecnologías no financiadas con la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Al menos 967.362 millones acumulan atrasos de entre dos y tres años, y otros 17.277 millones superan los cinco años sin desembolso, lo que afecta la liquidez inmediata de la EPS.
Sumado a esto, se reportan otras cuentas por cobrar por un monto de 1,28 billones que aún permanecen en trámite y no se han transformado en recursos disponibles. También aumentaron significativamente los pagos pendientes relacionados con tutelas, que pasaron de 15.004 millones en 2023 a 107.950 millones en 2024, un salto del 619%.
La presión financiera ha repercutido en la red de atención, con una deuda de la EPS a hospitales y clínicas por servicios ya prestados y facturados que llegó a 4,21 billones, cifra que creció un 266 % frente al año previo. Las reservas técnicas, que representan obligaciones derivadas de la atención médica, alcanzaron 11,5 billones. Este contexto se agrava con 254.427 millones embargados judicialmente, limitando aún más la disponibilidad de fondos.
El informe resalta que durante 2024 la Nueva EPS recibió ingresos por 22,2 billones, en su mayoría por la UPC, pero gastó 26,4 billones solamente en atención, es decir, un gasto aproximado de 119 pesos por cada 100 recibidos, antes de contabilizar gastos administrativos y operativos. Esta dinámica mantiene el déficit y refleja la insuficiencia de los recursos asignados para cubrir la demanda de servicios de salud.
El resultado financiero para ese período fue una pérdida neta de 4,8 billones, con un patrimonio que terminó negativo en 11,9 billones y pasivos que superan los 22,5 billones, más del doble con respecto a sus activos, que fueron 10,6 billones. Sin embargo, la administración de la EPS presenta algunas señales de reorganización, destacando un aumento del 30 % en el efectivo total hasta 642.991 millones, producto de traslados en tipos de cuentas bancarias, y saneamientos contables que dejaron en evidencia obligaciones pendientes de años anteriores.
El agente especial interventor, Jorge Iván Ospina Gómez, ha subrayado que la presentación de los estados financieros es un ejercicio de transparencia que muestra todas las obligaciones acumuladas y ayuda a alejar el riesgo de la liquidación. Además, indicó que cerca de 8,7 billones corresponden a montos relacionados con giros, abonos y conciliaciones pendientes con la ADRES, lo que podría reducir el valor definitivo de las deudas con la red prestadora tras los procesos de revisión.
El presidente Gustavo Petro señaló que cerca de la mitad de la deuda de Nueva EPS, aproximadamente 11 billones, corresponde al Estado y debería ser reconocida como deuda pública para ser saldada mediante vigencias futuras. El mandatario atribuyó el déficit restante a deudas con privados, derivadas de problemas estructurales que el sistema de salud colombiano arrastra desde hace años.
Este diagnóstico abre una discusión necesaria sobre la suficiencia del sistema de financiación en salud en Colombia y la sostenibilidad de las EPS públicas y mixtas, en especial frente a la presión creciente en costos de atención médica y la dinámica de pagos entre el Estado y los prestadores. La Nueva EPS requiere de un plan estructurado que permita sanear sus finanzas asegurando la continuidad y calidad en la prestación de servicios para sus afiliados.
Redacción BusinessCol
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