COLOMBIA, Julio 14 de 2026. El sistema de salud colombiano enfrenta un escenario complejo tras el cambio en el Gobierno nacional, que deberá decidir entre mantener las intervenciones administrativas de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) o ejecutar procesos de liquidación, según un análisis del grupo consultor FrontierView. El nuevo presidente Abelardo de la Espriella manifestó la intención de cerrar las llamadas “EPS de garaje”, pero las restricciones jurídicas, financieras y operativas complican la viabilidad de esta medida.
Desafíos legales y operativos para la liquidación
El marco normativo colombiano protege la continuidad en la atención en salud durante procesos de liquidación, estableciendo etapas previas de evaluación financiera y operativa. La Superintendencia de Salud puede iniciar liquidaciones, pero estas no se concretan rápidamente debido a la necesidad de garantizar el pago ordenado de obligaciones y la atención sin interrupciones para millones de afiliados. Esto complica la opción de cerrar de manera acelerada las EPS intervenidas, pues la migración de usuarios implica trámites complejos que incluyen la transferencia de historias clínicas, autorizaciones médicas y tratamientos en curso, lo que genera riesgos de errores administrativos.
El peso de las EPS bajo control estatal
Actualmente, aproximadamente la mitad de la población colombiana está afiliada a EPS en control o intervención estatal, según FrontierView. Esta realidad limita la capacidad del mercado para absorber a millones de usuarios en caso de una liquidación masiva. Además, la mayoría de las EPS enfrenta dificultades para cumplir requisitos financieros y operativos, con crecientes quejas de usuarios y problemas en la prestación de servicios. La Nueva EPS aparece como actor central para acoger a los afiliados desplazados, aunque no existen garantías sobre su capacidad efectiva para hacerlo sin afectar la calidad y oportunidad de la prestación.
Prolongar intervenciones, escenario más probable
Ante este panorama, FrontierView considera que la opción con mayor probabilidad es mantener las intervenciones administrativas por un periodo indefinido, dado que la liquidación o devolución de entidades privadas implicaría riesgos financieros y jurídicos. El documento advierte que prolongar las intervenciones genera incertidumbre regulatoria, pero reduce el riesgo inmediato de un colapso del sistema al mantener el respaldo financiero estatal. Esta estrategia implica que el Estado asuma cada vez más el déficit estructural en el sector salud, comprometiendo parte del presupuesto nacional para sostener la operación de las EPS intervenidas.
Oportunidades para fortalecer el sistema
El análisis judicial de FrontierView señala que la continuidad del flujo de recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) hacia las EPS intervenidas será fundamental para evitar una crisis mayor. La estrategia del nuevo gobierno apuntaría a concentrar los apoyos financieros en las EPS con mejores condiciones operativas, mientras se avanza en discusiones para una reforma fiscal que permita incorporar recursos adicionales. Este proceso, aunque complejo, abre una ventana para la implementación de cambios estructurales orientados a garantizar la sostenibilidad financiera y mejorar la calidad del servicio.
Perspectivas según expertos
Especialistas consultados señalan que el sistema de salud de Colombia atraviesa una crisis financiera y operativa con múltiples factores asociados, entre ellos la insuficiencia de recursos, las rigideces regulatorias y la desconfianza entre actores. Señalan que prolongar las intervenciones puede ser una solución temporal que evite mayores rupturas, pero subrayan la urgencia de una reforma integral que permita modernizar la administración, mejorar el flujo de recursos y fortalecer la supervisión para evitar que las EPS vuelvan a presentar problemas de solvencia.
El análisis de FrontierView coincide en que el gobierno deberá priorizar la canalización de nuevos recursos a través de reformas fiscales, junto con planes de contingencia que eviten un colapso sistémico. Mientras se desarrollan estas medidas, la hoja de ruta indica que el statu quo perdurará, con una administración cada vez más intervencionista, destinada a preservar la prestación continua de servicios a millones de colombianos.
En conclusión, el nuevo Gobierno enfrenta el reto de equilibrar la operatividad y el control financiero en un sistema esencial para el bienestar nacional, buscando alternativas que desde el análisis legal, financiero y operativo permitan avanzar gradualmente sin afectar la atención sanitaria. La complejidad de la situación demanda un enfoque que combine disciplina fiscal, innovación en gestión y diálogo con los actores involucrados, con el objetivo final de garantizar la calidad y sostenibilidad del sistema de salud.
Redacción BusinessCol
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