COLOMBIA, Octubre 22 de 2026. El Gobierno nacional confirmó que expedirá el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027 por decreto, con un monto total de $634,9 billones, luego de detectarse un vicio de trámite durante su discusión en el Congreso. Esta medida se fundamenta en el artículo 59 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, el cual establece que si un proyecto no es aprobado antes del 20 de octubre, regirá el texto presentado con las modificaciones aprobadas solo en el primer debate.
La expedición del presupuesto vía decreto constituye la tercera ocasión desde la promulgación de la Constitución de 1991 en que se adopta este procedimiento excepcional. La primera sucedió en ese mismo año durante el gobierno de César Gaviria, en un contexto de transición institucional asociado con la implementación de la nueva Carta Magna. La segunda fue hace dos años, bajo la administración de Gustavo Petro para el presupuesto de 2025, cuando el decreto se expidió por falta de quórum en el Congreso para discutir el proyecto en el primer debate, sin que hubiera un vicio formal de trámite.
En esta oportunidad, el presupuesto avanzó más allá del primer debate, pero el vicio detectado impidió concretar su aprobación definitiva. Así, el decreto expedido este año se basa en el texto con las asignaciones del primer debate, lo que significa que se descartan ajustes y modificaciones que se aprobaron posteriormente en la Cámara y el Senado.
Entre los ajustes excluidos figuran una adición de $3 billones para el sector Salud, trasferencias por $3,8 billones destinadas a la atención y reconstrucción tras el terremoto reciente, y $3 billones para subsidios de energía y gas. Tampoco se incluyeron recursos por $7.000 millones para programas sociales como Colombia Mayor, Renta Ciudadana, Renta Joven y la Transferencia para Personas con Discapacidad, ni $100.000 millones para subsidiar las tasas de interés del Icetex. Adicionalmente, se excluyen partidas de $26.500 millones para el programa de esterilización de perros y gatos, y $11.400 millones para indemnizaciones a familias de soldados fallecidos en combate.
El vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, confirmaron la implementación de la medida, señalando que el Estado garantiza el cumplimiento del gasto público previsto aunque con las restricciones mencionadas. En paralelo, sectores cercanos al Gobierno en el Congreso evalúan alternativas para reincorporar los ajustes excluidos mediante modificaciones posteriores a la Ley de Presupuesto, adiciones presupuestales y traslados internos.
En el ámbito político, la oposición analiza impugnar la expedición por decreto ante el Consejo de Estado para intentar anular el acto jurídico, argumentando que el trámite no respetó los procedimientos legislativos y que se han vulnerado facultades del Congreso en la asignación del gasto público. El senador Christian Garcés, del Centro Democrático, destacó la necesidad de gestionar mecanismos que permitan recuperar los recursos aprobados en segundo debate, enfatizando la importancia de continuar el diálogo para ajustar la ley.
Por su parte, David Racero, senador del Pacto Histórico, alertó que la expedición por decreto, derivada de vicios de trámite, también limita las facultades extraordinarias que el Gobierno pretendía obtener con el proyecto. En su opinión, dichas atribuciones deben ser aprobadas en forma explícita por el Congreso, y no pueden ser otorgadas unilateralmente mediante decreto ejecutivo.
En cuanto a la distribución sectorial del presupuesto vigente según el decreto, Educación permanece como la principal beneficiaria con una asignación de $93 billones. Le siguen Salud y Protección Social con $81,57 billones, Defensa y Policía con $74,93 billones, Trabajo con $66,92 billones y la cartera de Hacienda con $43,5 billones. Estos cinco sectores concentran más de la mitad de los recursos destinados al gasto público para el próximo año, reflejando las prioridades del Gobierno nacional en áreas esenciales para el desarrollo social y económico del país.
De esta forma, el Presupuesto General de la Nación para 2027 tendrá un proceso inédito en las últimas décadas, condicionado por la situación político-legislativa y que deja abierta la puerta a mayores discusiones para ajustar la asignación final de recursos en beneficio de diferentes sectores y programas sociales.
Redacción BusinessCol
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