COLOMBIA, Octubre 22 de 2026. El Ministerio de Hacienda solicitó a la Corte Constitucional abrir un incidente de impacto fiscal para evaluar las implicaciones financieras derivadas de la entrada en vigencia de la reforma pensional prevista para abril de 2027. Esta petición se fundamenta en las proyecciones que indican un requerimiento adicional de recursos cercano a los 5 billones de pesos para Colpensiones, lo que genera preocupación en un contexto de rigidez del gasto público y la necesidad de ajustes fiscales.
El objetivo de esta solicitud es que la Corte Constitucional analice las consecuencias presupuestales que conlleva la Sentencia C-264 de 2026 y permita adecuar la programación financiera nacional a las obligaciones emanadas de dicha decisión. Hacienda también pidió que se le conceda el término legal para sustentar el incidente, previsto en la Ley 1695 de 2013, que establece los mecanismos para evaluar los efectos fiscales de resoluciones emitidas por altas corporaciones judiciales.
El Ministerio argumenta que la nueva fecha de implementación del sistema pensional, fijada para el 1 de abril de 2027, genera requerimientos fiscales que no pudieron ser incorporados en la planeación presupuestal ordinaria, dado que el proyecto del Presupuesto General de la Nación para 2027 fue radicado el 27 de agosto, dos días después de conocerse el sentido del fallo constitucional, cuando la programación financiera ya estaba estructurada.
Asimismo, se advierte que la reforma impactaría las proyecciones actuariales, prestacionales y financieras, por lo que los recursos adicionales para Colpensiones deben ser compatibles con el espacio fiscal disponible y demás compromisos presupuestales de la Nación, en un momento donde el Gobierno reconoce limitaciones para financiar sus obligaciones.
Un punto central en esta solicitud es el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo (FAPC), creado por el artículo 24 de la Ley 2381 de 2024 y administrado por el Banco de la República. Este fondo tiene como finalidad acumular recursos para respaldar las obligaciones futuras del sistema de prima media, evitando que la totalidad de las cotizaciones se destine de manera inmediata a financiar las prestaciones.
La ley estableció una senda de acumulación que prevé un parámetro del 1,8% del PIB entre 2025 y 2028, con una disminución progresiva hasta llegar al 1% del PIB a partir de 2051. Sin embargo, Hacienda alerta que la entrada en vigencia adelantada de la reforma modifica los horizontes previstos para el ahorro y la acumulación, lo que obliga a revisar las estimaciones financieras y los pasivos pensionales.
La cartera también señala efectos sobre el régimen de transición y la composición de la población afiliada al nuevo sistema, factores que pueden influir en los recursos requeridos para atender las obligaciones futuras, insistiendo en que estos ajustes deben reflejarse de manera coherente en los instrumentos de planeación fiscal y presupuestal.
En su solicitud, Hacienda resaltó la existencia de un escenario de alta rigidez del gasto público y la necesidad de ajustes fiscales a corto plazo. Subrayó que incorporar obligaciones permanentes sin contar con fuentes de financiación claras podría generar desequilibrios presupuestales, afectar la sostenibilidad financiera del sistema pensional y comprometer la estabilidad macroeconómica del país.
El Ministerio plantea que es fundamental que las nuevas obligaciones se incorporen de forma consistente en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, en el Plan Financiero y en el Presupuesto General de la Nación, buscando armonizar la implementación de la reforma con los principios de sostenibilidad fiscal, planeación del gasto y protección de los derechos pensionales, sin afectar otros compromisos estatales.
Además, enfatizó que no se pretende modificar el contenido sustantivo de la sentencia ni desconocer los derechos pensionales consolidados, y que este trámite no implicaría la interrupción del pago de las pensiones ni de los mecanismos de protección a la vejez, incluyendo los programas de transferencias dirigidos a adultos mayores.
La petición quedó formalmente planteada ante la Corte Constitucional, que es la entidad encargada de conocer el incidente por ser la autora de la Sentencia C-264 de 2026. La apertura del incidente permitirá al Ministerio de Hacienda sustentar con mayor detalle las consecuencias fiscales atribuidas a la decisión judicial y exponer la necesidad de ajustar la programación financiera del Estado frente a las nuevas obligaciones del sistema pensional.
Se espera que en la próxima semana la Cámara de Representantes realice la subsanación de cerca de diez artículos que la Corte Constitucional devolvió de la reforma pensional, lo que mantiene un contexto de expectativa sobre el avance y ajustes a la ley en el corto plazo.
Redacción BusinessCol
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