COLOMBIA, Agosto 12 de 2026. La reforma pensional aprobada durante el gobierno de Gustavo Petro enfrenta un nuevo desafío judicial que podría retrasar aún más su implementación. La Corte Constitucional estudia una ponencia que propone devolver la iniciativa al Congreso para subsanar fallas en su trámite legislativo, lo que significaría que la reforma aún no entraría en vigencia.
Desde junio del año pasado, esta reforma permanece suspendida tras detectar la Corte un vicio en el proceso durante el cuarto y último debate en la Cámara de Representantes. Según el tribunal, el procedimiento para aprobar el texto enviado desde el Senado no cumplió con los protocolos requeridos para garantizar la legitimidad y transparencia del trámite.
La reforma tiene un impacto potencial en el ahorro pensional de aproximadamente 25 millones de colombianos, ya que plantea que los trabajadores coticen hasta 2,3 salarios mínimos en Colpensiones y destinen el excedente a fondos privados de su elección. Sin embargo, esta propuesta aún no puede aplicarse por las controversias en torno a su aprobación.
La Cámara de Representantes intentó corregir el trámite durante las sesiones extraordinarias realizadas en junio de 2025, pero según la ponencia que analiza la Corte, esa corrección tampoco cumplió con las exigencias legales. El punto crítico es la falta de posibilidad para debatir individualmente los artículos que componen el proyecto de ley, ya que se aprobó una propuesta que replicaba el texto previamente aceptado en el Senado sin discusión abierta ni consideración de nuevas proposiciones presentadas por los legisladores.
El Auto 841 de la Corte Constitucional establece que «la sola aprobación de una proposición que sustituye el articulado en discusión por otro ya aprobado en otra etapa o instancia del trámite, sin mediar la posibilidad de un debate sobre su contenido ni la consideración de las proposiciones presentadas por los congresistas, constituye una omisión incompatible con el principio democrático». Durante las sesiones, la plenaria rechazó discutir el articulado de forma individual y se concentró en aprobar una proposición presentada por la representante María del Mar Pizarro.
Inicialmente, el análisis del expediente estaba a cargo del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien planteaba declarar inexequible la reforma por las irregularidades detectadas, incluyendo cuestionamientos sobre el quórum utilizado para aprobar el orden del día y la convocatoria a las sesiones excepcionales. Sin embargo, su impedimento llevó a que el caso pasara a la magistrada Paola Andrea Meneses, presidenta de la Corte, quien ahora propone una alternativa menos radical: devolver la ley al Congreso para que realice el trámite correcto conforme a los parámetros jurídicos.
Esta posible devolución tendría lugar en un contexto donde la Cámara de Representantes contará con una nueva composición política, diferente a la que originalmente aprobó la reforma, lo que podría influir en las discusiones futuras. Mientras la Corte toma una decisión definitiva, la reforma permanece suspendida y el esquema contenido en la Ley 2381 no ha entrado en vigencia.
Este nuevo escenario indica que el largo proceso para lograr la modernización del sistema pensional en Colombia, planteada por el gobierno Petro, enfrentará más demoras y desafíos legislativos. Los sectores interesados deberán estar atentos a la próxima decisión de la Corte y a los movimientos del Congreso para el correcto debate y aprobación definitiva de la iniciativa.
Redacción BusinessCol
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