COLOMBIA, Octubre 27 de 2026. El recorte por $13,8 billones realizado por el Gobierno al Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026 no se traduciría enteramente en un ahorro real para las finanzas públicas, advirtió un reciente estudio técnico de la firma QNOMOS. Según el análisis presentado en el Monitor Presupuestal, solo una parte de la reducción presupuestal implicaría menores pagos efectivamente ejecutados, estimados entre $1,5 billones y $3,9 billones, dependiendo del escenario de ejecución del gasto.
El Decreto 1585 del 22 de octubre de 2026 estableció una reducción del 2,5 % en el presupuesto, cuyo total original ascendía a $546,98 billones para este año. Sin embargo, el informe enfatiza que la disminución de autorizaciones de gasto no implica automáticamente una reducción equivalente en el gasto público porque no todos los recursos autorizados se usan en el mismo año fiscal.
QNOMOS señala que gran parte de los recursos recortados posiblemente no se habrían desembolsado antes de finalizar 2026, por lo que el efecto sobre el déficit fiscal dependerá finalmente de cuáles partidas se proyectaba ejecutar. «El recorte pone el presupuesto en línea con la plata que hay, y eso es necesario. Pero bajar el cupo no es igual a ahorrar», explicó Edwin Fernando Pacheco Rodríguez, gerente general de QNOMOS, durante la presentación del análisis.
El informe detalla que de los $13,8 billones, $4 billones corresponden a una reducción del presupuesto en intereses de la deuda pública. Esta cifra reduce las autorizaciones presupuestales, pero no altera las obligaciones contractuales que tiene el Estado. Además, cerca de $3,06 billones se refieren a recursos propios de establecimientos públicos, que no forman parte del cálculo de los posibles menos pagos primarios del Gobierno Nacional Central.
En términos prácticos, los menores pagos primarios posibles con el recorte se ubicarían entre $1,5 billones y $1,8 billones en el escenario bajo, mientras que en un escenario proporcional podrían alcanzar entre $3,4 billones y $3,9 billones. Estas proyecciones se basan en datos de ejecución presupuestal hasta septiembre de 2026 y tasas históricas de compromiso y pago.
El estudio también analiza la distribución sectorial de los ajustes. El sector transporte concentra una de las mayores reducciones, con $2,84 billones recortados. El Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Aeronáutica Civil (Aerocivil) enfrentan recortes significativos, con $1,44 billones y $949.100 millones, respectivamente. Estas dos entidades concentran cerca de $2,39 billones del recorte total.
Otras entidades con fuertes ajustes son la Registraduría Nacional, con $775.000 millones, y la Rama Judicial, con $696.500 millones. En conjunto, siete entidades representan más del 50 % de las reducciones presupuestales, excluyendo los intereses de la deuda.
En contraste, sectores claves como Defensa, Salud y Educación registraron ajustes relativamente pequeños en relación con sus recursos disponibles sin comprometer. El informe también identificó alrededor de $2,8 billones en reducciones destinadas a programas con beneficiarios directos, incluyendo Caminos Comunitarios de la Paz Total, transferencias para población vulnerable asociadas a Renta Ciudadana, y programas de empleo, alimentación carcelaria, niñez y atención a víctimas.
No obstante, QNOMOS aclara que los recortes se aplican sobre recursos que aún no estaban comprometidos, por lo cual no es posible determinar cuántos proyectos podrían cancelarse ni cuántas personas se verían afectadas directamente. Para eso sería necesario examinar la programación y ejecución de gasto real de las entidades públicas durante los últimos meses de 2026.
La brecha de financiación que motivó el ajuste presupuesta l ascendía a $14,7 billones, después de descontar recursos que dependían de una reforma tributaria no aprobada y otros recursos provenientes de una emergencia económica. El recorte de $13,8 billones representa el 94 % de esta brecha, pero no necesariamente implica una reducción del déficit fiscal equivalente, pues gran parte del ajuste podría haber estado prevista en las proyecciones oficiales.
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) había proyectado un déficit para el 2026 del 7,8 % del PIB incorporando ya un ajuste de $9,7 billones, mientras que la proyección oficial del Gobierno estimaba el déficit en 7,2 %. Ante esto, la firma concluye que es necesario aclarar cuánto del ahorro ya estaba incorporado y cuánto representa un ajuste fiscal real y adicional.
Finalmente, se advierte que entidades como Invías y Aerocivil, a pesar de los recortes, podrían contar con presupuestos superiores para 2027 debido a recursos no comprometidos en 2026, lo que plantea la necesidad de un seguimiento riguroso a su ejecución financiera para evaluar efectos futuros en las cuentas públicas.
Redacción BusinessCol
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