COLOMBIA, Septiembre 17 de 2026. La Contraloría General de la República ha declarado como hechos de impacto nacional los pagos por más de 4,4 billones de pesos efectuados a proveedores de salud adscritos al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) durante las últimas cinco semanas del Gobierno de Gustavo Petro, debido a que no se han identificado soportes ni evidencias que avalen dichas transacciones.
Esta decisión, impulsada por la delegada para Economía y Finanzas Públicas, Jenny Lindo, tiene como objetivo facilitar un avance más rápido, transparente y riguroso en la investigación de estas operaciones realizadas a través de Fiduprevisora. Los hallazgos están enmarcados en una revisión integral de la gestión de recursos públicos en el cierre del periodo gubernamental de Petro, que comprende del 22 de junio al 28 de julio de 2026.
Durante este lapso, la Contraloría detectó giros superiores a 64,44 billones de pesos y nuevos compromisos por 48,14 billones, cifras que casi duplicaron los promedios históricos habituales para esas semanas, que oscilan entre 30 y 32 billones. Este aumento significativo en el gasto público ha generado una alerta sobre la posible inconsistencia en la gestión financiera en el cierre de la administración.
Además de los pagos del Fomag, la auditoría identificó diferencias presupuestales en las liquidaciones de contratos relacionados con el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet). También se revisaron transferencias por encima de 17.000 millones de pesos a empresas de acueducto y energía con patrimonio negativo y observados por el revisor fiscal de Fiduprevisora, sin que dichos recursos fueran bloqueados.
El organismo de control puso en marcha una función de advertencia dirigida al Ministerio de Hacienda, además de ordenar visitas de inspección a esta cartera, a Fiduprevisora y a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), para verificar correctamente la trazabilidad y justificación de los recursos movilizados.
El contralor saliente, Carlos Hernán Rodríguez, indicó que estas anomalías deben manejarse bajo el principio de presunción y continúan en revisión para determinar eventuales responsabilidades. Entre los aspectos que merecían especial control figuraban pagos por servicios no prestados en su totalidad y anticipos que representaban el 100 % del valor contratual, situaciones que aún se están verificando con profundidad.
De igual forma, continúa la indagación sobre más de 7 billones de pesos girados a la UNGRD y su fondo de emergencias, y aproximadamente 4,33 billones recibidos por Fiduprevisora en el mismo período, a fin de garantizar la adecuada ejecución y manejo de dichos recursos.
Estos procedimientos, declarados de impacto nacional, buscan fortalecer la custodia y transparencia en la administración pública, especialmente en momentos críticos como el cierre de un mandato presidencial, donde la gestión presupuestal suele ser más intensa y sujeta a escrutinio por parte de los organismos de control y la ciudadanía.
El seguimiento a esta situación será fundamental para esclarecer eventuales irregularidades y establecer las medidas correspondientes que aseguren el correcto uso de los recursos públicos en Colombia.
Redacción BusinessCol
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