COLOMBIA, Septiembre 24 de 2026. La reforma tributaria distrital impulsada por la Administración de Carlos Fernando Galán avanza en el Concejo de Bogotá mientras aumenta el debate y la crítica por parte de varios concejales que advierten sobre impactos negativos para diversos sectores de la ciudad. Pese a que la propuesta oficial promete proteger los estratos populares, voces opositoras alertan sobre incrementos tributarios encubiertos, beneficios orientados a grandes empresas y riesgos para pequeñas y medianas empresas, profesionales independientes y contribuyentes en general.
Una de las preocupaciones centrales tiene que ver con el impuesto predial. El concejal Samir Bedoya, del Partido MIRA, enfatizó que el foco mediático se ha puesto principalmente en la creación de una nueva sobretasa para financiar el alumbrado público, situación que desplaza otras modificaciones que afectarían el bolsillo de los ciudadanos. En particular, Bedoya señala que el proyecto de Acuerdo 724 elimina un artículo del Acuerdo 927 de 2024 que limitaba los incrementos anuales del impuesto predial, una protección que actualmente vigente beneficia a miles de hogares, especialmente en estratos 1, 2 y 3.
Actualmente, la normativa local establece que para viviendas de estratos 1 y 2 con avalúos hasta 135 salarios mínimos el aumento del impuesto está protegido para no superar la inflación anual. Para otras propiedades residenciales, incluyendo algunas de estrato 3, el acceso está limitado al índice de precios al consumidor (IPC) más cinco puntos porcentuales. La propuesta elimina esta protección local para aplicar el límite nacional, que permite aumentos de hasta IPC más ocho puntos porcentuales para ciertas propiedades, lo que podría traducirse en un incremento mayor en el tiempo para muchos contribuyentes. Bedoya advirtió que aunque en el corto plazo la diferencia pueda parecer pequeña, el efecto acumulado podría generar una carga más elevada para numerosas familias.
Además, el concejal subrayó que, según cifras de la Secretaría Distrital de Hacienda, el incumplimiento en el pago del impuesto predial alcanza el 24,8 % entre propietarios cuyos avalúos se duplicaron, y la cartera acumulada por este impuesto supera los 7,8 billones de pesos. Ante este panorama, solicitó que la Administración presente simulaciones detalladas por estrato, avalúo, uso del predio y localidad para clarificar los impactos reales antes de eliminar la actual protección.
Por su parte, Jairo Avellaneda, concejal del Pacto Histórico, expresó inquietudes sobre la asignación de beneficios tributarios a grandes inversiones, argumentando que primero se debería aclarar la gestión y el uso de los recursos públicos existentes frente a los 69 hallazgos fiscales por cerca de 69.183 millones de pesos detectados en auditorías recientes, concentrados principalmente en seis entidades distritales como ETB, la Subred Centro Oriente, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y las secretarías de Movilidad y Hacienda, entre otras. Según Avellaneda, este contexto amerita mayor control institucional antes de otorgar incentivos a sectores como telecomunicaciones, tecnología, energía, industria farmacéutica, automotriz y aeronáutica, que son los beneficiados dentro del proyecto.
El análisis también ha sido retomado por la concejala Heidy Sánchez, quien además se refirió a los efectos en las pequeñas y medianas empresas (pymes). Enfatizó que pese a una aparente simplificación de tarifas para algunos sectores, la categoría denominada “demás servicios”, que agrupa unas 118 actividades económicas y alrededor de 57.587 micro, pequeñas y medianas empresas, pasaría de un impuesto de industria y comercio (ICA) de 9,66 por mil a 10 por mil, afectando actividades como consultoría, talleres mecánicos, peluquerías y salones de belleza. Además, denunció que los contribuyentes acogidos al Régimen Simple de Tributación, incluidos contadores, abogados y recicladores, enfrentarían incrementos permanentes trasladados desde Bogotá a la Nación.
A lo anterior se suma la nueva sobretasa de alumbrado público para predios comerciales e industriales, una medida que implicaría una carga tributaría adicional para muchos actores económicos. Sánchez sostiene que la reforma ha sido presentada de manera incompleta y criticó que se esté maquillando una realidad que perjudicaría a una gran parte del sector productivo local.
Frente a estas críticas, la Administración sostiene que la reforma es necesaria para fortalecer las finanzas distritales y garantizar recursos para proyectos de inversión y modernización urbana. No obstante, la discusión continúa abierta, con insistencia en la necesidad de transparencia sobre el impacto efectivo en los diferentes segmentos sociales y productivos de la ciudad, y un llamado a que se entreguen detalles completos sobre quiénes se beneficiarán y quiénes enfrentarán mayores cargas tributarias.
Redacción BusinessCol
Contenido editorial elaborado con apoyo de inteligencia artificial y revisión de fuentes públicas. Si encuentra alguna inconsistencia o desea solicitar una corrección, puede contactar al equipo editorial de BusinessCol.
