COLOMBIA, Noviembre 9 de 2026. El presidente Abelardo de la Espriella ha puesto sobre la mesa una ambiciosa ley de rescate fiscal para Colombia, con el fin de corregir el desbalance estructural en las finanzas públicas del país. Aunque prometió una reforma tributaria que no aumentaría los impuestos ni tocaría el IVA en la canasta familiar durante su campaña, el proyecto presentado al Congreso en octubre contiene cambios que han generado debate y cuestionamientos.
La ley busca un ajuste fiscal sin precedentes, por 51 billones de pesos para 2027, mediante un recorte significativo en el gasto público y modificaciones a los principales impuestos, como la renta y el impuesto al valor agregado (IVA). En el frente del gasto, se plantea reducir en 20 % la nómina estatal en todas las entidades públicas, salvo la fuerza pública, y bajar a la mitad los contratos por prestación de servicios a partir de 2027.
En el actualizado escenario fiscal, el gobierno afronta un déficit proyectado para 2026 de 144 billones de pesos, con más de 40 billones de pesos mensuales en gastos frente a ingresos de 29 billones, lo que ha generado una urgencia para llevar adelante ajustes. El vicepresidente José Manuel Restrepo ha alertado sobre el riesgo de que Colombia podría caer en default si no se adoptan medidas fiscales decisivas.
Estos ajustes implican también modificaciones estructurales en el sistema tributario, buscando ampliar las bases gravables del IVA y renta para mejorar la eficiencia recaudatoria y proteger a los hogares más vulnerables mediante mecanismos focalizados como la devolución del IVA. Sin embargo, el gobierno enfrenta dificultades para lograr consenso en el Congreso, especialmente con partidos como el Centro Democrático, que cuestionan el incremento del impuesto al consumo, la reducción de entidades estatales y los incentivos para empresas.
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, ha intensificado la búsqueda de apoyos para el trámite legislativo, mientras el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, asumirá la conducción política para superar los obstáculos parlamentarios. Expertos como Camilo Pérez, investigador económico del Banco de Bogotá, consideran que la aprobación de las facultades extraordinarias al presidente para fusionar o suprimir entidades, contempladas en el proyecto, será crítica, aunque reconocen que podría ser un proceso complejo debido a la tradicional influencia congresional en estas decisiones.
El centro de investigaciones económicas Anif reconoce que la reforma tiene aspectos positivos al combinar reducción y eficiencia del gasto, optimización de ingresos y fortalecimiento institucional, pero advierte que el ajuste fiscal debe ser aún mayor para evitar un deterioro sostenido del déficit y la deuda pública. Sin una corrección cercana a dos puntos del PIB en 2027, estiman que Colombia podría enfrentar una deuda pública superior al 70 % del PIB desde 2028, un nivel crítico para la sostenibilidad económica.
Fedesarrollo, otro referente económico, respaldó la iniciativa como oportuna y necesaria y enfatizó que la reforma invita a repensar el contrato social, advertiendo que evitar el ajuste implicaría costos elevados para el bienestar y la calidad de vida en Colombia. Asimismo, alerta que sacrificios serán necesarios en diversos sectores para prevenir crisis sistémicas futuras.
No obstante, analistas como el decano Andrés Langebaek señalan que, aunque esta reforma tiene un horizonte mayor que anteriores iniciativas cortoplacistas, no alcanza a ser plenamente estructural. Debido a las dinámicas de gasto público y las necesidades crecientes en salud, educación, pensiones y deuda, el país podría verse obligado a discutir nuevas reformas tributarias en los próximos años. La recomendación es combinar recortes con aumentos selectivos en tributos para lograr estabilidad fiscal.
Luis Fernando Mejía, economista experto en análisis fiscal, identifica avances técnicos en el proyecto, como la ampliación de bases gravables y protección focalizada en el IVA, pero critica que algunas medidas podrían debilitar la estabilidad tributaria, por ejemplo, al establecer regímenes preferenciales para grandes inversiones o mediante la propuesta de una amnistía tributaria que podría incentivar la suspensión de cumplimiento tributario ante la expectativa de futuras exoneraciones.
En conclusión, la reforma tributaria 2026 del gobierno de Abelardo de la Espriella es un intento sin precedentes de sanear las finanzas públicas colombianas con un ajuste que enfrenta complejidades políticas y técnicas para su aprobación. Los expertos coinciden en la necesidad de este esfuerzo y en que evitarlo o limitarlo podría llevar al país a una crisis fiscal mayor, pero también señalan que el camino para lograr una reforma estructural de larga duración es complejo y dependerá del manejo del gasto y la consolidación cambiaria y tributaria en el mediano plazo.
Redacción BusinessCol
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