COLOMBIA, Noviembre 4 de 2026. En el marco del Foro Colombia 2027, organizado por SEMANA, se llevó a cabo un debate que reunió a expertos para analizar el impacto de los impuestos a bebidas azucaradas y productos ultraprocesados en la salud pública, el recaudo fiscal y el desempeño del comercio en Colombia.
El encuentro, titulado «Impuesto al barrio en Colombia: ¿a qué costo?», contó con la participación de destacados panelistas como Cristian Stapper, vicepresidente de Fenalco; Martha Patricia Ruiz Anchondo, embajadora de México en Colombia; Andrés Vecino, profesor e investigador de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins; y Omar Galindo, docente de la Facultad de Economía de la Universidad Santo Tomás.
Uno de los temas centrales abordados fue si este tipo de gravámenes logra modificar efectivamente los hábitos de consumo para generar beneficios en la salud de la población. Cristian Stapper expresó dudas sobre la eficacia sanitaria de estos impuestos, señalando que la evidencia disponible no demuestra una transformación significativa en las condiciones de salud. En cambio, considera que su principal efecto es la obtención de recaudo fiscal.
Stapper matizó que existe una diferencia entre un impuesto con el propósito exclusivo de generar ingresos fiscales y un impuesto de carácter pigouviano, que busca corregir comportamientos y externalidades negativas. Además, alertó sobre los impactos en el comercio local: el 26 % de los tenderos colombianos ha reportado disminuciones en sus ventas tras la implementación de estos impuestos, un sector donde los márgenes de ganancia oscilan entre el 5 % y el 10 %. Por esta razón, calificó a estos gravámenes como «un impuesto al tendero, al barrio y a los ciudadanos de menores ingresos».
Desde la experiencia mexicana, la embajadora Ruiz defendió la continuidad y fortalecimiento de estas medidas, argumentando que han dado resultados para modificar el consumo. México mantiene una tarifa del 8 % sobre estos productos, con la intención de elevarla al 20 %. La diplomática destacó que estos impuestos han generado mayor conciencia sobre la responsabilidad individual en el cuidado de la salud y han incentivado a las empresas a reformular sus productos para reducir componentes perjudiciales. Además, puntualizó que México ha recaudado 16.491,3 millones de dólares por este concepto.
Andrés Vecino aportó perspectiva internacional al mostrar estudios que evidencian reducciones en indicadores sanitarios como el índice de masa corporal, que bajó en 1,3 unidades mensuales en poblaciones evaluadas en México y California. Sin embargo, enfatizó que estos gravámenes deben usarse como parte de una política pública integral y no de forma aislada. También subrayó la importancia de establecer tarifas escalonadas que fomenten la reformulación de productos por parte de los fabricantes.
Por su parte, Omar Galindo explicó que estos impuestos procuran incorporar los costos sanitarios asociados en la estructura económica de los productos, generando un impacto en el consumo. En Colombia, observó una reducción del consumo de bebidas azucaradas en adultos de 25 a 20 litros. Sin embargo, advirtió que las empresas enfrentan retos distintos para adaptar sus fórmulas, siendo los pequeños productores los más vulnerables ante estas transformaciones, ya que no siempre cuentan con recursos tecnológicos o humanos suficientes para hacerlo. Enfatizó la necesidad de establecer incentivos para facilitar esta adaptación.
Otra dimensión discutida fue la transferencia del costo del impuesto al consumidor final. Galindo explicó que aunque legalmente la obligación impositiva recae sobre productores e importadores, el valor suele trasladarse a los canales de distribución y finalmente al consumidor. Esto genera presiones sobre precios de alimentos específicos, dado que 21 de los 443 productos de la canasta familiar están gravados, con aumento del 10,7 % en la inflación de productos de panadería y hasta un 20 % en golosinas durante el último año.
Los expertos coincidieron en que, pese a los debates y evidencias encontradas, los impuestos saludables representan una herramienta válida dentro de las políticas públicas, pero requieren ser complementados con educación, fortalecimiento de servicios sanitarios y programas sociales para mejorar efectivamente los hábitos alimentarios y la salud general de la población. Asimismo, resaltaron que es necesario evaluar cuidadosamente el impacto social y económico para evitar que las cargas afecten desproporcionadamente a los sectores más vulnerables y pequeños comerciantes.
Redacción BusinessCol
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