COLOMBIA, Noviembre 4 de 2026. El presidente Abelardo De la Espriella enfrenta un escenario de alta tensión política y social con la presentación de la Ley de Rescate Económico, propuesta que busca corregir el deterioro de las finanzas públicas del país. Esta iniciativa ha desatado una fuerte polémica debido al impacto que tendrían las medidas tributarias sobre los hogares colombianos, en especial la ampliación de la base del impuesto al valor agregado (IVA) y los cambios en el impuesto de renta y las contribuciones a la seguridad social.
El presidente y su equipo advierten que no realizar los ajustes fiscales podría llevar a Colombia a un eventual incumplimiento de sus compromisos financieros, con un riesgo de default estimado para el año 2027, según señaló el vicepresidente José Manuel Restrepo. En este contexto, sin medidas correctivas el déficit fiscal colombiano podría alcanzar un preocupante 9,4% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2027, el nivel más alto en más de tres décadas.
De acuerdo con análisis del centro de pensamiento ANIF, la Ley de Rescate Económico tendría un impacto del 4,09% del PIB sobre el balance primario hacia 2030, cifra que podría elevarse a 4,73% al sumar otras medidas adicionales de ajuste fiscal planteadas. Sin embargo, la magnitud de la corrección contrasta con el debate político que se ha generado, especialmente por el efecto que tendrían los nuevos impuestos sobre la clase media y algunos sectores populares.
Controversia por el IVA y productos de la canasta familiar
Uno de los puntos más sensibles es la modificación propuesta en la base del IVA, que busca elevar la tarifa del 5% al 19% para la mayoría de bienes, incluyendo algunos alimentos y productos de consumo habitual, aunque se mantendrían excluidos servicios de salud, educación, vivienda y transporte público, entre otros. Para proteger a los hogares con menores ingresos, el Gobierno plantea un mecanismo de devolución denominado EfectIVA, que beneficiaría a más de 35 millones de personas, con devoluciones que irían desde el 100% para los de menor capacidad económica hasta un 30% para grupos de ingresos medios.
Sin embargo, esta propuesta ha encontrado una fuerte oposición entre sectores sociales y políticos que alertan sobre el aumento en el costo de productos esenciales. Por ejemplo, el sector cafetero ha manifestado preocupación porque el café tostado pasaría a tributar con IVA del 19%, lo que encarecería su consumo. La Federación Nacional de Cafeteros, representada por su gerente Germán Bahamón, ha pedido reconsiderar esta medida, argumentando que el consumo de café es vital para la economía nacional.
Por su parte, congresistas del Pacto Histórico como la senadora Alejandra Omaña y el representante Alfredo Mondragón han rechazado la propuesta al considerar que grava productos básicos como el azúcar, el chocolate, las legumbres, frutas y verduras, además de incrementar las cargas tributarias sobre la clase trabajadora mientras se reducen impuestos a las empresas y grandes patrimonios.
Rechazo político y manifestaciones convocadas
El rechazo a la Ley de Rescate Económico no se limita a la oposición tradicional, pues congresistas de partidos que apoyaron la elección de De la Espriella también han expresado reparos. Por ejemplo, la senadora Sara Castellanos y la representante Carol Borda, ambas de Salvación Nacional, han rechazado el aumento del IVA a insumos agrícolas y productos básicos, aunque apoyan recortes en el gasto estatal.
En el Senado, el presidente de la corporación, Honorio Henríquez del Centro Democrático, manifestó que los colombianos no soportan más impuestos. Por otro lado, el Pacto Histórico ha anunciado que acompañará las movilizaciones sociales convocadas para el próximo 19 de noviembre, fecha en que la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) ha llamado a un paro nacional en rechazo a las medidas fiscales planteadas, advirtiendo posibles consecuencias en la estabilidad social similares a las protestas de 2021.
Medidas complementarias y efectos esperados
Para acompañar el aumento de ingresos, la ley también propone una reducción del 20% en el gasto de personal de las entidades estatales durante 2028, exceptuando a la Fuerza Pública, y rebajas en los costos de los contratos de prestación de servicios entre 2026 y 2027. En términos tributarios, se ampliarían los rangos de personas obligadas a declarar renta y se eliminarían beneficios tributarios, junto con el gravamen completo de los rendimientos financieros, incluyendo su componente inflacionario.
ANIF señala que sin una corrección cercana a dos puntos del PIB en 2027, las necesidades de financiamiento estatal podrían superar los 200 billones de pesos y la deuda pública excedería el 70% del PIB a partir de 2028, provocando un aumento significativo en las tasas de interés de la deuda colombiana.
En suma, la Ley de Rescate Económico genera un intenso debate sobre la responsabilidad fiscal y el equilibrio social en Colombia, con una discusión política que se traslada desde el Congreso hasta las calles del país, evidenciando la complejidad para acordar un paquete de medidas que asegure la estabilidad macroeconómica sin afectar de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables.
Redacción BusinessCol
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