COLOMBIA, Noviembre 11 de 2026. En medio de cuestionamientos por la presunta irregularidad en la contratación de personal bajo el Ministerio del Deporte al final del gobierno de Gustavo Petro, la exdirectora encargada de la Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte (SND), Ketty Arias Ruidíaz, defendió la legalidad y pertinencia de 23 contratos firmados entre el 5 y 6 de agosto de 2026, a tan solo dos días de terminar dicha administración.
La nueva ministra del Deporte, Juliana Gutiérrez, reveló que estos contratos por prestación de servicios suman un valor superior a 953 millones de pesos y fueron anulados ante hallazgos que cuestionan su justificación técnica y necesidad real. En su reporte inicial, indicó que al menos 19 de los procesos carecían de una motivación clara para ampliar la nómina de contratistas y señalaba la duplicidad de algunas funciones asignadas a personal vinculado sin solicitud de las dependencias respectivas.
La investigación periodística de El Tiempo amplió la cifra de contratos irregulares a 23, por un monto que supera los 993 millones de pesos, todos realizados mediante contratación directa, la cual incluye altos pagos a profesionales como la abogada María José Mengual Velásquez y los ingenieros María Fernanda Corrales y Milder José Mengual, cada uno con contratos por alrededor de 50 a 60 millones de pesos y vigencia hasta el mes de diciembre de 2026.
Respecto a estos hechos, Ketty Arias señaló que la elaboración y aprobación de los contratos obedeció a una necesidad manifiesta en la carga laboral al interior del SND que se agravó tras la renuncia de la directora anterior, Karol Gómez. Aseguró que el personal contratado respondía a funciones fundamentales para el funcionamiento de la entidad y rechazó las acusaciones sobre la existencia de una nómina paralela o irregularidades en la contratación. Arias afirmó contar con el respaldo documental suficiente para acreditar la pertinencia y legalidad de estos procesos frente a las autoridades competentes.
La ministra Gutiérrez, por su parte, instruyó la remisión inmediata de las copias de los procesos contractuales a la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría y la Procuraduría, con el fin de que se verifique la posible asignación de personal sin justificación y se indaguen eventuales responsabilidades administrativas o penales.
Este escándalo se suma a la serie de controversias que marcaron el primer gobierno de izquierda en Colombia entre 2022 y 2026, incluyendo reformas sociales, políticas ambientales y casos de corrupción relacionados con otras entidades públicas y figuras del gobierno.
El cierre del mandato de Petro y las operaciones administrativas realizadas en las últimas horas han generado un intenso debate sobre la transparencia y gestión pública, enfatizando la importancia del adecuado control y supervisión en la asignación de recursos y personal en el sector público.
Este caso en el Ministerio del Deporte pone en evidencia la dificultad de balancear la necesidad operativa de las entidades con los controles para evitar nombramientos inadecuados a último momento en los gobiernos salientes, un asunto que seguirá siendo foco de atención para los organismos de control y la opinión pública.
Redacción BusinessCol
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