COLOMBIA, Noviembre 10 de 2026. La Corte Constitucional de Colombia ha emitido una sentencia que condiciona las facultades del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en la gestión de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), establecidas en la Ley 2294 de 2023. La Sentencia C-364 de 2026, con ponencia de la magistrada Natalia Ángel Cabo, reafirma la constitucionalidad de estas áreas pero subraya que las decisiones ministeriales deben respetar la autonomía y participación de las entidades territoriales en la delimitación y manejo de estas zonas estratégicas para la producción agroalimentaria.
El fallo judicial establece que las decisiones del Ministerio deben ser precedidas por un proceso obligatorio de información, coordinación y concertación con los gobiernos municipales y distritales involucrados. Los concejos territoriales tienen la obligación de presentar observaciones y propuestas que deben ser valoradas y motivadas por la autoridad nacional. Esto representa una garantía para asegurar que las autoridades locales influyan efectivamente en las determinaciones sobre las tierras clasificadas como APPA.
La Corte aclaró que, si bien el Ministerio de Agricultura tiene competencia para delimitar estas áreas y definir su destinación productiva, no está autorizado para reglamentar con detalle los usos del suelo dentro de estos territorios. Esa función corresponde exclusivamente a los gobiernos territoriales en ejercicio de su autonomía política y administrativa. Además, la declaración y posible modificación de las APPA debe tener en cuenta los planes de ordenamiento territorial (POT) locales y las particularidades de cada municipio o distrito, con el fin de lograr una articulación respetuosa entre las competencias nacionales y territoriales.
La exministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino, se pronunció sobre este fallo y resaltó que protege de forma equilibrada los suelos agropecuarios, considerados fundamentales para garantizar la soberanía nacional desde el punto de vista alimentario. Según Carvajalino, esta decisión también contribuye a fortalecer los mecanismos democráticos de participación y consulta en temas fundamentales para el desarrollo rural.
La sentencia ordena además que todos los procedimientos relacionados con las APPA que estén pendientes deben ajustarse a las nuevas condiciones establecidas. Esto implica que los procesos bajo trámite deben incluir la participación de las autoridades territoriales, valorar sus observaciones y ceñirse a los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes, para respetar plenamente la autonomía municipal y distrital.
Este pronunciamiento se produce en un contexto de controversia frente a las APPA. Durante la administración del expresidente Gustavo Petro, se declararon alrededor de un millón de hectáreas en 59 municipios de Colombia como zonas prioritarias para la protección y producción de alimentos, con extensiones significativas en Córdoba, Antioquia, Santander, La Guajira, Tolima y la Sabana Centro en Cundinamarca.
Sin embargo, el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella ha iniciado la reversión o derogatoria de algunas de estas declaratorias, argumentando que estas limitan indebidamente las competencias territoriales relacionadas con el ordenamiento y uso del suelo. El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, ha señalado que en las delimitaciones previas existían deficiencias cartográficas, vacíos en consultas previas e inconsistencias que justifican la revisión y desmonte parcial de ciertas APPA.
Investigaciones recientes han detectado solicitudes mineras que se superponen con algunas de las tierras anteriormente declaradas como Áreas de Protección para la Producción de Alimentos, en regiones como Tolima, Antioquia, Córdoba, La Guajira y Santander. Aunque estas solicitudes no representan permisos de explotación aprobados y las APPA no constituían una exclusión absoluta para la minería, el hallazgo evidencia las complejas dinámicas que enfrentan estas áreas en cuanto a su uso y protección.
En síntesis, la decisión de la Corte Constitucional refuerza el principio de respeto por la autonomía local y establece límites claros al alcance de las decisiones del Gobierno nacional en materia agropecuaria, buscando un equilibrio entre la protección estratégica de la producción alimentaria y los derechos de participación y gobernabilidad de las entidades territoriales.
Redacción BusinessCol
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