COLOMBIA, Noviembre 11 de 2026. Ángela Benedetti, exembajadora de Colombia en Panamá y hermana del exministro Armando Benedetti, reapareció públicamente con declaraciones que sacuden el panorama político nacional. En una entrevista con el periodista Daniel Samper Ospina, Benedetti afirmó que durante el mandato del expresidente Gustavo Petro se habrían realizado fiestas en casas pagadas por la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), presentadas erróneamente como propiedades de seguridad.
Estas revelaciones se dan en medio de la polémica generada por denuncias periodísticas que señalan la existencia de reuniones privadas en inmuebles diferentes a la Casa de Nariño. Según Benedetti, las casas utilizadas para estos eventos eran financiadas por la DNI, lo que ha encendido la alarma sobre un posible uso indebido de recursos públicos y el presunto encubrimiento de dichas actividades bajo la apariencia de seguridad nacional.
Adicionalmente, Ángela Benedetti señaló a Laura Sarabia, exjefe de gabinete de Petro, como una figura central en la organización de estas reuniones. La exembajadora afirmó que Sarabia tenía conocimiento profundo sobre el manejo del gobierno y, basándose en testimonios similares a los de Angie Rodríguez, indicó que en estas fiestas se involucraban sustancias alucinógenas y la contratación de mujeres para actividades sexuales, hechos que hasta el momento no han sido confirmados oficialmente.
Estas declaraciones ahondan en la controversia que ha enrarecido el ambiente político en Colombia, pues el abogado de Petro, Alejandro Carranza, negó categóricamente que se hubieran llevado a cabo fiestas o actividades indebidas, asegurando que los desplazamientos a residencias alternas respondían exclusivamente a temas de seguridad nacional. Por su parte, Jorge Lemus, exdirector de la DNI, reconoció que algunas casas funcionaron como fachadas para reuniones que requerían discreción, aunque negó la presencia de Petro en estos inmuebles.
El expresidente Petro ha rechazado públicamente las acusaciones y aseguró no haber ordenado ni participado en ese tipo de eventos. Esta situación continúa siendo materia de investigación por parte de las entidades correspondientes, mientras el país observa atentos el desarrollo de este escándalo que mezcla política, inteligencia y posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos.
Estos hechos ponen de manifiesto la importancia de la transparencia en las instituciones del Estado y el impacto que las acusaciones de esta índole pueden tener en la confianza ciudadana hacia sus gobernantes. El caso también ha motivado un amplio debate sobre el papel de órganos como la DNI y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y vigilancia.
La sociedad civil y los sectores empresariales siguen con atención el curso de las investigaciones, conscientes de que el respeto a las normas y la ética pública son pilares fundamentales para la estabilidad y el progreso económico y social del país.
Redacción BusinessCol
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