COLOMBIA, Noviembre 2 de 2026. Ecopetrol enfrenta un desafío tributario significativo tras un enfrentamiento con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) por una deuda relacionada con el impuesto al valor agregado (IVA) sobre la importación de gasolina. La estatal petrolera alega que no reconoce esta obligación y estima que la deuda, sumando intereses, asciende a 8,2 billones de pesos.
El conflicto tiene su origen en un cambio de interpretación emitido por la DIAN el 20 de diciembre de 2024 a través del Concepto 010763. Esta modificación implicó que la importación de gasolina quedara gravada con un IVA del 19%, contrario a la práctica anterior que según Ecopetrol acumulaba más de 15 años sin exigir dicho tributo. Desde mayo de 2022 hasta enero de 2025, la petrolera presentó 637 declaraciones de importación sin incluir el IVA. Ante esto, Ecopetrol argumenta que no existía una base gravable definida por el Ministerio de Minas y Energía para liquidar dicho impuesto.
En agosto de 2025 y enero de 2026, la DIAN emitió dos resoluciones corrigiendo las declaraciones de la compañía y estableciendo un cobro por IVA de 5,2 billones de pesos, cifra que, sumando los intereses moratorios a febrero de 2026, eleva la deuda a un estimado de 8,2 billones.
La controversia escaló hasta la Corte Constitucional, que el pasado 30 de octubre seleccionó para estudio la tutela presentada por Ecopetrol, buscando impedir un embargo que, según la empresa, pondría en riesgo su operación y solvencia. Un informe financiero confidencial de la Gerencia de Mercado de Capitales de Ecopetrol revela que un embargo por el doble de la deuda, es decir 16,4 billones de pesos, podría llevarla a la insolvencia en apenas 23 días.
El abogado y apoderado de Ecopetrol, Alejandro Linares Cantillo, manifestó que la medida afectaría directamente el pago de obligaciones esenciales, desde la nómina de cerca de 10.000 empleados hasta los compromisos con aproximadamente 40.000 contratistas y proveedores por un monto alrededor de 1,3 billones de pesos. Adicionalmente, se verían comprometidas las obligaciones financieras y los pagos mensuales de regalías por unos 600.000 millones, además de los dividendos que Ecopetrol entrega a la Nación.
Ecopetrol ha presentado dos acciones judiciales: una demanda de nulidad para anular las resoluciones de la DIAN y esta tutela, que busca impedir medidas que puedan afectar sus recursos mientras se tramita el litigio. La tutela fue negada en primera y segunda instancia, siendo estos fallos cuestionados por un magistrado de la Corte Constitucional debido a la gravedad de las posibles repercusiones en la continuidad empresarial y la economía nacional.
La DIAN, por su parte, sostiene que no existe un riesgo de embargo inmediato dado que no se ha notificado mandamiento de pago ni decretado medidas cautelares. No obstante, permanece firme en su interpretación del cobro del IVA sobre la importación de gasolina.
La situación plantea un escenario de alta incertidumbre para Ecopetrol, señalada como una prioridad para la administración actual liderada por Joaquín Gutiérrez. La empresa confía en obtener un fallo favorable y, de acuerdo con normas contables, no ha realizado provisiones para esta obligación, considerando sus posibilidades de éxito judicial. Sin embargo, advierte que un embargo anticipado podría generar daños irreparables como la pérdida de empleos, afectaciones a proveedores, desconfianza en los mercados y riesgos en el abastecimiento energético del país.
Este enfrentamiento pone en tensión dos actores fundamentales para la estabilidad financiera y energética de Colombia, mientras la Corte Constitucional asume la responsabilidad de definir el curso de esta disputa tributaria de gran impacto.
Redacción BusinessCol
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